Por Saúl Monreal Ávila

Para todas las reformas que están transformando al país, nosotros escuchamos a la gente, hoy en el debate público sobre la reforma electoral se confrontan dos realidades opuestas: por un lado, el PRIAN y su narrativa del engaño con sus conservadores detrás, que quieren seguir con las inercias del “dedazo” y la reproducción corporativa del poder; por otro, el mandato ciudadano por una representación política más legítima, transparente y competitiva.

Nosotros vemos la opinión de la gente a través de encuestas nacionales debidamente documentadas, serias, que demuestran que la mayoría de los mexicanos respalda la modificación de las reglas que han permitido la perpetuación de élites partidistas a través de mecanismos de acceso automático a espacios legislativos y financiamiento público sin relación directa con la competencia electoral.

Hemos visto a la par de esta discusión, por ejemplo, un estudio de Consulta Mitofsky, 49.6% de los mexicanos considera que el sistema electoral requiere una reforma estructural, frente a solo 26% que juzga adecuado el régimen actual y 20.1% que opta por ajustes parciales.

Dentro de las propuestas de cambio, el 83.5% respalda eliminar el financiamiento público a los partidos políticos durante los años sin elecciones, lo que exige explorar fuentes alternativas de sostenimiento que estén vinculadas a su desempeño electoral y responsabilidad ante el electorado, asimismo, 76.9% aprueba una reducción drástica del financiamiento público a los partidos, lo cual remarca la percepción de que el modelo actual es excesivo e injustificado.

Los datos no se detienen ahí. 78.6% de la ciudadanía apoya reducir el número de diputados federales de 500 a 300 (en ese entonces esa era la pregunta, hoy la reforma plantea la reducción de 100 diputados). En cuanto a la representación proporcional, un 40.8% optaba por eliminar los 200 diputados plurinominales y elegir los 300 únicos por mayoría relativa, mientras solo 38.9% prefiere un sistema mixto con representación proporcional parcial.

La casa encuestadora Poligrama ha ofrecido también una radiografía del sentir ciudadano sobre los legisladores plurinominales: 45% prefiere que se reduzcan, 33% que se eliminen por completo y solo 22% que se mantengan, lo cual refleja un rechazo mayoritario a una figura percibida como desconectada del voto directo.

Además, 69% considera que la permanencia de los plurinominales afecta negativamente a la democracia, subrayando la exigencia social de renovar el vínculo entre representados y representantes.

Son datos que no pueden ignorarse: la ciudadanía quiere que las candidaturas y los cargos legislativos emanen de la libre competencia y no se preserven como cuotas automáticas para las élites internas de los partidos, y es que la figura del legislador plurinominal ha sido utilizada, en múltiples ocasiones, como trampolín para la reproducción de jerarquías partidistas, donde dirigentes y operadores políticos se suceden entre listas plurinominales sin enfrentarse al escrutinio directo del electorado.

De la misma manera, la exigencia de recortar el financiamiento público en años no electorales se da como una solicitud por mayor austeridad, responsabilidad y relación costo-beneficio del gasto político. Cuando más del 80% de la población respalda la eliminación de prerrogativas en tiempos no comiciales, se está expresando un rechazo explícito a que los recursos públicos se derrochen sin ver resultados, en pura burocracia partidista y en gastos onerosos sin sustento.

La reforma electoral propuesta no es una ocurrencia ni responde únicamente a intereses de partido. Es, más bien, una respuesta técnica y política a un mandato ciudadano que busca desarticular una casta dorada de los jefes políticos y sus preferidos, fortalecer la cultura democrática y reconstituir un sistema de representación pública real, donde todos tengan que rendir cuentas.