El aterrizaje de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Toluca desató una tormenta política que exhibe opacidad y contradicciones en el gobierno federal. Mientras la administración de Claudia Sheinbaum insiste en que se trató de un vuelo autorizado para actividades de capacitación, el senador Manuel Añorve Baños, coordinador del PRI en la Cámara Alta, acusa directamente: “El gobierno miente, oculta, improvisa y luego quiere tapar sus pifias”.

Añorve sostiene que sí existía un dictamen de la Comisión de Marina del Senado para autorizar el ingreso de tropas estadounidenses a bordo de esta aeronave, pero nunca fue votado porque Morena canceló el periodo extraordinario de sesiones. “Dijeron que este avión no traía tropas y que no requería permiso del Senado mexicano. Falso. El dictamen está ahí, aunque no fue avalado por el Pleno”, denunció el legislador, quien responsabilizó a la mayoría morenista por violar la Constitución al no convocar la sesión que habría formalizado el ingreso de personal militar extranjero.

El episodio ocurre en un contexto de alta tensión bilateral. Washington ha endurecido su discurso contra los cárteles mexicanos, mientras el gobierno mexicano defiende la narrativa de “cooperación sin subordinación”. Sin embargo, la presencia de un avión militar en un aeropuerto civil, sin autorización explícita del Senado, abre un debate sobre soberanía y transparencia. La Constitución mexicana es clara: cualquier ingreso de tropas extranjeras requiere aprobación legislativa. Añorve advierte que ocultar estas maniobras no solo vulnera la ley, sino que deteriora la relación con Estados Unidos: “Ya basta de este discurso patriotero que solo dinamita nuestra relación bilateral. Lo que se necesita es coordinación y cooperación, no simulación”.

Por su parte, el gobierno federal argumenta que el aterrizaje fue autorizado desde octubre y que no hubo tropas ni armamento a bordo. La presidenta Sheinbaum aseguró que el vuelo tenía como objetivo trasladar a funcionarios mexicanos para recibir capacitación en Estados Unidos, dentro de los acuerdos bilaterales vigentes. “No venían tropas, no había armas, fue un asunto logístico”, afirmó en conferencia, subrayando que este tipo de operaciones son rutinarias y reguladas por protocolos internacionales.

El Hércules C-130, fabricado por Lockheed Martin, es una aeronave de transporte táctico utilizada para misiones logísticas, evacuaciones médicas y operaciones humanitarias. Su arribo a Toluca, en lugar de una base militar, alimentó especulaciones en redes sociales y tensiones políticas que hoy se traducen en exigencias de rendición de cuentas. La oposición reclama claridad sobre los alcances de la cooperación militar con Estados Unidos y advierte que la falta de transparencia erosiona la confianza pública y la imagen internacional del país.

En medio de este choque de narrativas, queda claro que el episodio no es aislado: México y Estados Unidos mantienen una relación estrecha en materia de seguridad, con acuerdos que incluyen ejercicios conjuntos y capacitación especializada. Pero la pregunta persiste: ¿hasta dónde puede llegar la cooperación sin cruzar la línea de la soberanía?