La salida del director del FBI de territorio mexicano con Ryan James Wedding y otro objetivo prioritario no es solo un operativo judicial: es un movimiento geopolítico que exhibe la creciente presión de Washington sobre México en la lucha contra el crimen organizado. Wedding, exatleta olímpico canadiense y líder de una red transnacional de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa, fue capturado tras más de una década prófugo, en una operación que el FBI califica como “histórica” por su alcance y coordinación binacional.

El exdeportista, que compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, se convirtió en uno de los capos más peligrosos del continente, acusado de mover toneladas de cocaína y ordenar asesinatos, incluido el de un testigo federal en Colombia. Su organización generaba ganancias ilícitas superiores a mil millones de dólares anuales, y el FBI ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.

La operación, encabezada por el director del FBI, Kash Patel, incluyó el traslado simultáneo de Wedding y Alejandro Rosales Castillo, otro fugitivo prioritario acusado de asesinato en Carolina del Norte. Ambos fueron llevados a Estados Unidos bajo estrictas medidas de seguridad, tras reuniones de alto nivel con autoridades mexicanas. Patel agradeció la cooperación del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero el mensaje implícito es claro: Washington marca la agenda en materia de seguridad regional.

Este golpe no solo desmantela una red criminal, sino que exhibe la dependencia operativa de México frente a Estados Unidos en la persecución de capos internacionales. En un contexto donde la violencia ligada al narcotráfico sigue escalando, la pregunta es inevitable: ¿es esta cooperación una alianza estratégica o una muestra de subordinación política? Lo cierto es que el FBI lo resume en una frase que retumba en ambos lados de la frontera: “Ryan Wedding pensó que podía evadir la justicia. Hoy enfrenta todo el peso de la ley”.