Con el objetivo de garantizar prácticas sustentables, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas corporativas, la senadora Juanita Guerra Mena propuso la creación de la Comisión Nacional de Supervisión y Rendición de Cuentas Ambientales, un órgano especializado dentro de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

La iniciativa busca que las empresas que operan en México cumplan con sus obligaciones ambientales, mitiguen impactos y adopten medidas responsables. Este organismo tendría facultades para exigir informes periódicos, evaluar indicadores de cumplimiento, emitir recomendaciones sobre el uso de recursos naturales, implementar prácticas sustentables y aplicar sanciones en caso de incumplimiento, en coordinación con la SEMARNAT y la PROFEPA.

Guerra Mena advirtió que, aunque la LGEEPA es el marco normativo principal para la preservación del ambiente, en la práctica no existen mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas específicas para las empresas. Actualmente, gran parte de las auditorías dependen de inspecciones puntuales de la PROFEPA, las cuales resultan insuficientes.

La senadora subrayó que entre 2012 y 2017 se registraron 560 conflictos ambientales en México, de los cuales 173 estuvieron vinculados a la minería, 86 al agua y 49 al desarrollo de megaproyectos turísticos. Ejemplificó con la industria cervecera en Monterrey, donde empresas como Heineken requieren en promedio 3.6 litros de agua para producir un litro de cerveza, generando tensiones entre el uso industrial y el consumo humano.

También recordó el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora en 2014, provocado por la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, considerado el peor desastre ambiental minero en la historia del país, que afectó a ocho municipios y más de 22 mil habitantes.

Actualmente, México cuenta con más de 26 mil concesiones mineras que cubren 30.6 millones de hectáreas, pero las autoridades realizan apenas 200 inspecciones al año, lo que representa menos del uno por ciento de supervisión efectiva. Esto evidencia que los marcos actuales son insuficientes para prevenir daños ambientales de gran escala.

Finalmente, Guerra Mena insistió en la urgencia de establecer un sistema robusto de supervisión y rendición de cuentas, ya que las empresas pueden ejercer presiones desproporcionadas sobre bienes comunes como agua, suelo y paisaje, generando impactos sociales y económicos que profundizan las desigualdades regionales.