La modificación a la Ley de Aguas Nacionales se ha convertido en uno de los temas más polémicos de la agenda legislativa, al generar un fuerte rechazo por parte del sector agrícola y organizaciones campesinas. La reforma prohíbe la transferencia y herencia de concesiones de agua, lo que, según el gobierno, busca garantizar el acceso equitativo al recurso y evitar su concentración en manos de unos cuantos. Sin embargo, productores advierten que esta medida impactará directamente la producción agrícola y la economía rural, al limitar la flexibilidad para gestionar el recurso hídrico.

El debate se intensifica en un contexto donde la sequía y la sobreexplotación de acuíferos han puesto en riesgo la seguridad alimentaria en varias regiones del país. Campesinos y asociaciones han anunciado movilizaciones en estados clave para frenar la reforma, argumentando que la iniciativa no resuelve el problema de fondo: la falta de infraestructura para almacenamiento y distribución eficiente del agua.

Este tema se suma a otras preocupaciones sociales como el incremento del salario mínimo y la escasez de vacunas BCG para recién nacidos, lo que refleja una agenda gubernamental saturada de retos en materia de salud y bienestar. La tensión crece mientras legisladores defienden la reforma como un paso hacia la sustentabilidad, pero sin ofrecer soluciones claras para compensar el impacto económico en el campo.