La violencia desatada por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos ha alcanzado un nuevo nivel de brutalidad. Este sábado, en Minneapolis, un grupo de agentes federales disparó a quemarropa contra un hombre que ya se encontraba reducido en el suelo, según muestran videos difundidos en redes sociales. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, confirmó el hecho y expresó su repudio: “Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro horrible tiroteo. Minnesota está harta. Esto es repugnante”.

El incidente ocurrió en el barrio de Eat Street, donde testigos grabaron cómo al menos seis agentes golpeaban al hombre antes de abrir fuego repetidamente, incluso cuando la víctima ya no se movía. El jefe de la policía local, Brian O’Hara, confirmó la muerte y denunció que ICE intentó expulsar a la policía estatal del lugar, lo que evidencia el carácter opaco y autoritario de estas operaciones federales.

Este asesinato no es un hecho aislado. Apenas dos semanas antes, otra víctima, Renee Nicole Good, murió tras recibir disparos de ICE mientras huía en su vehículo. Las imágenes contradicen la versión oficial que alegaba “defensa propia”, mostrando que la mujer intentaba alejarse cuando fue abatida. Estas ejecuciones se enmarcan en la ofensiva migratoria más agresiva en la historia reciente de Estados Unidos, ordenada por la administración de Donald Trump, que ha desplegado miles de agentes federales en Minnesota para realizar redadas masivas contra inmigrantes, generando un clima de terror y protestas multitudinarias en las calles.

Los antecedentes del ICE son alarmantes: bajo el discurso de “proteger la seguridad nacional”, esta agencia ha acumulado denuncias por abusos, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. Informes revelan que, pese a la narrativa oficial, más del 65% de los inmigrantes detenidos en los últimos años no tenían antecedentes criminales, lo que desmonta la justificación de que estas operaciones se dirigen contra “delincuentes peligrosos”. Sin embargo, la impunidad persiste, blindada por el poder político y la falta de rendición de cuentas.

La indignación crece. Líderes locales, activistas y ciudadanos exigen el fin inmediato de estas redadas y la retirada de los agentes federales. “¿Cuántos estadounidenses más tienen que morir para que esta operación termine?”, cuestionó el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, tras ver el video del asesinato. Mientras tanto, la administración Trump insiste en defender a ICE, calificando las críticas como “ataques políticos” y justificando los disparos como “acciones de defensa propia”, pese a las pruebas que muestran ejecuciones sumarias en plena vía pública.

Este nuevo crimen se suma a una lista negra que exhibe la degradación del Estado de derecho y la normalización de la violencia institucional. La pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo seguirá la impunidad para estos agentes que actúan como fuerza paramilitar bajo el amparo del poder político?