En una conferencia de prensa realizada en la sede del Máximo Tribunal, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intentaron explicar la polémica adquisición de nueve camionetas blindadas Grand Cherokee, valuadas en hasta 2.4 millones de pesos cada una, decisión que ha sido duramente criticada por su incongruencia con la política de austeridad y por el evidente contraste con la realidad económica del país.

La conferencia fue encabezada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, acompañado por ministras y ministros del Pleno, quienes expusieron un posicionamiento institucional sobre el tema. Aguilar Ortiz afirmó que, tras escuchar las críticas, se tomó la decisión de no utilizar los vehículos adquiridos y que se iniciará el proceso para devolverlos o asignarlos a jueces que enfrenten mayores riesgos. “La seguridad no implica lujo”, subrayó, intentando justificar la compra bajo el argumento de garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de funciones de alta responsabilidad.

Durante su intervención, Aguilar Ortiz insistió en que la adquisición se realizó conforme a criterios técnicos y normativos, señalando que las unidades anteriores estaban deterioradas y que el blindaje había caducado, lo que comprometía la seguridad institucional. Sin embargo, la explicación no logró disipar la percepción de opulencia y falta de sensibilidad social. Hablar de “austeridad compatible con eficiencia” mientras se destinan millones de pesos a camionetas de lujo resulta ofensivo para una ciudadanía que exige congruencia y respeto al dinero público.

El ministro presidente también recordó que desde 2010 la Corte decidió dotar a sus integrantes de medidas de seguridad, incluyendo vehículos blindados, pero reconoció que los incidentes recientes —vehículos varados y fallas mecánicas— motivaron la renovación. A pesar de ello, la justificación técnica no evita la crítica política y social: ¿cómo conciliar la compra de unidades con interiores de piel, sistemas premium y tecnología de punta con el discurso de austeridad republicana?

Este episodio exhibe una preocupante desconexión entre el Poder Judicial y la realidad nacional. Mientras se recortan presupuestos en áreas esenciales, la Corte privilegia decisiones que erosionan la confianza pública y alimentan la percepción de privilegios desmedidos. La sociedad exige explicaciones claras, pero sobre todo acciones que reflejen compromiso con la austeridad y el respeto irrestricto a los recursos del pueblo de México.