En México, la ausencia se ha vuelto una constante que no se mide solo en números, sino en vidas truncadas, familias rotas y comunidades enteras marcadas por la incertidumbre. En ese contexto, la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Cristina Ruíz Sandoval, lanzó una crítica frontal a los gobiernos emanados de Morena, a los que acusó de mantener un silencio prolongado frente a la crisis de desapariciones que atraviesa el país y, de manera particularmente grave, el Estado de México.

Durante una conferencia de prensa, la también senadora puso sobre la mesa cifras que, más allá de su frialdad estadística, describen una emergencia humanitaria. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México se contabilizan alrededor de 132 mil personas desaparecidas. De ese total, más de 80 mil casos —el 60.7 por ciento— se registraron en los últimos siete años, periodo que coincide con los gobiernos morenistas a nivel federal.

El panorama, advirtió Ruíz Sandoval, es aún más alarmante en el Estado de México. En la entidad se reportan 14 mil 719 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales más de 8 mil 200 corresponden únicamente a los dos años recientes del actual gobierno estatal encabezado por Morena. Esto significa que en un lapso muy corto se concentró más de la mitad de las desapariciones históricas registradas en territorio mexiquense.

“Lo más alarmante es que ocurrieron durante los dos primeros años del gobierno de Morena”, subrayó la dirigente priista, al señalar que el 56.3 por ciento del total de casos se acumuló en ese periodo. Para Ruíz Sandoval, estas cifras no solo reflejan un problema de inseguridad, sino una muestra clara de la indiferencia institucional y del abandono que, asegura, enfrentan las familias de las personas desaparecidas.

El fenómeno no se distribuye de manera uniforme. Cinco municipios concentran el 63 por ciento de los casos: Atlautla, Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán. Todos ellos, enfatizó, están gobernados por administraciones de la llamada Cuarta Transformación. En estas demarcaciones, el drama cotidiano de madres, padres y hermanos que buscan a un ser querido se ha vuelto parte del paisaje urbano, sin que exista una respuesta contundente de las autoridades.

A la falta de resultados en las búsquedas se suma otro dato inquietante: más de 8 mil cuerpos permanecen sin identificar en los servicios médicos forenses. Esta cifra, señaló Ruíz Sandoval, evidencia el colapso de las instituciones encargadas de la procuración de justicia y la magnitud de una crisis que no se resuelve con discursos ni con la simple acumulación de expedientes.

Desde la óptica del PRI, el problema también es presupuestal y de prioridades. La dirigente criticó que, frente a una tragedia que crece día con día, el gobierno estatal solo destine alrededor de 15 millones de pesos para atender la búsqueda de personas desaparecidas. A ello se suma, dijo, la existencia de una encargada de despacho al frente del área correspondiente desde 2024, con un salario cercano a los 100 mil pesos mensuales, lo que consideró un contraste ofensivo frente al sufrimiento de las familias.

Ante este escenario, el PRI planteó una serie de exigencias: incrementar los recursos destinados a la búsqueda de personas, fortalecer a la Fiscalía con personal capacitado y protocolos claros, activar un Consejo Estatal Ciudadano verdaderamente independiente y, sobre todo, garantizar la protección de las madres buscadoras, quienes —acusó— han sido criminalizadas en lugar de recibir apoyo.

Más allá de la disputa política, el mensaje central apunta a una realidad innegable: las desapariciones no son un asunto del pasado ni una estadística más. Son una herida abierta que exige respuestas inmediatas, coordinación institucional y voluntad política. Mientras el silencio persista, la ausencia seguirá pesando en miles de hogares mexiquenses.