Javier Divany Bárcenas

La masacre de once personas ocurrida en Salamanca, Guanajuato, en un campo de futbol abre una de mil puertas de las omisiones en las que ha incurrido el gobierno federal por décadas, permitiendo así la formación de enjambres del narcotráfico y el crimen organizado.

Se dice que entre los hoy fallecidos hay cinco personas que pertenecían a una empresa de seguridad privada, ésta ligada al Cartel Jalisco Nueva Generación, que operaba en el estado de Guanajuato.

Y aquí viene la pregunta ¿quién otorgó los permisos a esa empresa y cómo es que es manejada por una organización criminal? Habrá que esperar que dice el resultado de las investigaciones.

De ser así, cuántas de las 6 u 8 mil empresas que operan en el país en el tema de prestación servicios de la seguridad privada tendrán ligas con el crimen organizado o que sus elementos formen parte de la nómina de estas bandas.

No cabe duda que hasta ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, ha sido omisa en investigar a todas las empresas de seguridad privada, a sus elementos y sus operaciones, pese a los crímenes, tráfico de droga, extorsiones y toda acción criminal.

Lo mismo pasó con los últimos seis ex mandatarios; Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari, quienes no pusieron orden a las empresas de seguridad privada muchas de ellas al servicio de los criminales.

Estas empresas se han convertido en el refugio de ex policías cesados y acusados de delitos, delincuentes de alta peligrosidad, así como ex funcionarios y políticos, que han encontrado una mina de oro e impunidad.

El Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y el Senado de la República), junto con las autoridades encargadas del orden como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Sedena y Marina, además de la Secretaría de Gobernación, desconocen la operación de la gran mayoría de estas empresas, pues no hay capacidad para vigilarlas y regularlas.

La cifra de detenidos pertenecientes a los cuerpos de seguridad privada acusados de delitos penales por sus relaciones con el crimen organizado, no es calculable, toda vez que se encuentran dentro de las listas de detenidos pertenecientes a las bandas delictivas.

Fue la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quien reveló que el ataque en Salamanca, que dejó 11 muertos, fue ejecutado por Cartel Santa Rosa de Lima en contra de integrantes pertenecientes a una empresa de seguridad Privada ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación, hechos ocurridos en la comunidad de Loma de Flores, por una disputa de territorio.

La Secretaría de Gobernación, Sedena y SSPC, son las encargadas de otorgar los permisos, y de acuerdo a reportes de inteligencia indican que hay una problemática en la operación, pues son empresas fachada que sirven a organizaciones criminales y con ello trafican armas, extorsionan «cobro de piso», realizar labores de «halconeo» y reclutan sicarios.

En los últimos meses, se han documentado investigaciones sobre redes criminales que utilizaban múltiples empresas de seguridad privada, con órdenes de aprehensión contra sus operadores por delincuencia organizada.

El 50 por ciento de estas empresas podrían estar operando en la informalidad o con irregularidades, sin control de antecedentes de su personal, por lo que urge una regulación y vigilancia por parte del gobierno, y revisar a quienes se les otorgan los permisos.

Entonces. ¿Los criminales hoy están disfrazados de elementos de seguridad privada y están con la venia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum?

@javierdivanybz