El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Senado de la República urgió a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa a trabajar de manera coordinada con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, con el fin de agilizar la localización con vida de los diez ingenieros mineros desaparecidos en el municipio de Concordia, así como garantizar acompañamiento institucional permanente y comunicación directa con los familiares de las víctimas.

A través de un punto de acuerdo que será presentado en la primera sesión del Segundo Periodo de Sesiones del Segundo Año de la LXVI Legislatura, las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Lizeth Sánchez García, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández Aceves, encabezadas por el coordinador nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, llamaron además a fortalecer la seguridad pública en proyectos de producción minera, particularmente en entidades como Chihuahua, Durango, Guerrero, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, donde la actividad se desarrolla en contextos de alta vulnerabilidad frente a la delincuencia organizada.

En el documento que será inscrito en la Gaceta Parlamentaria, los legisladores detallan que los hechos ocurrieron el viernes 23 de enero, cuando un comando armado irrumpió en el fraccionamiento La Clementina, donde se alojaban los trabajadores, y los privó de la libertad sin que se registrara resistencia ni intervención inmediata de las autoridades. Entre las personas desaparecidas se encuentran ingenieros, personal administrativo y elementos de seguridad, lo que evidencia —advirtieron— la gravedad del ataque y la falta de condiciones mínimas de protección en este tipo de campamentos.

El GPPT alertó que este caso no puede tratarse como un hecho aislado, sino como parte de un fenómeno extendido que afecta a sectores estratégicos en regiones con débil presencia institucional. De acuerdo con datos de la Cámara Minera de México (Camimex), el 97 por ciento de las empresas afiliadas ha sido víctima de algún delito, desde robos y extorsiones hasta secuestros y agresiones contra personal, con impactos que elevan costos operativos, reducen la producción y afectan el empleo y la inversión. Por ello, las y los legisladores exigieron que se agoten todas las líneas de investigación, se destinen los recursos necesarios para la búsqueda con vida de las víctimas y se refuercen las medidas preventivas y de coordinación interinstitucional para proteger tanto a las comunidades como a quienes laboran en actividades clave para la economía nacional.