Ciudad de México.—Frente a la intención del oficialismo de avanzar en una Reforma Electoral que, a decir de Acción Nacional, busca concentrar aún más el poder, legisladoras y legisladores del PAN advirtieron que defenderán los intereses de la ciudadanía y rechazarán cualquier intento de validar lo que calificaron como un “narco pacto” de Morena con el crimen organizado.

Durante la reunión plenaria de las y los senadores del blanquiazul, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, lanzó un reto directo al gobierno federal para que la Reforma Electoral incluya la nulidad inmediata de elecciones y la extinción de partidos políticos cuando se compruebe la injerencia y el financiamiento del crimen organizado en los procesos electorales.

“¿Se animan a esto que plantea Acción Nacional?”, cuestionó el dirigente panista, al advertir que en México existen vínculos del crimen organizado con el poder político en distintos niveles de gobierno.

Acompañado por la secretaria general del partido, Michel González Márquez, así como por los coordinadores parlamentarios del PAN, Jorge Romero sostuvo que, de cara al próximo periodo ordinario de sesiones, las y los legisladores están preparados para impulsar iniciativas que fortalezcan a la ciudadanía y no al poder, como —dijo— pretende el oficialismo.

El líder nacional del PAN reconoció el trabajo de las senadoras y senadores del partido, encabezados por su coordinador Ricardo Anaya Cortés, así como la labor de la vicecoordinación a cargo de Mayuli Martínez y Enrique Vargas, y la conducción desde la Mesa Directiva de la vicepresidenta Imelda Sanmiguel, al destacar que han dado una batalla firme en uno de los momentos más complejos para ejercer la oposición en México.

En conferencia de prensa, Jorge Romero detalló que Acción Nacional impulsa propuestas como la segunda vuelta electoral, elecciones primarias abiertas, el fin de la imposición de candidaturas por las cúpulas partidistas, la implementación de urnas electrónicas y la eliminación de la sobrerrepresentación, a fin de devolver el poder de decisión a la ciudadanía.

Sostuvo que la sobrerrepresentación ha permitido el desmantelamiento institucional del país por una mayoría calificada que, afirmó, no fue otorgada por los ciudadanos. En ese sentido, reiteró que las bancadas del PAN en el Senado y en la Cámara de Diputados impulsarán soluciones legislativas para mejorar las condiciones de vida de las familias mexicanas.

Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, subrayó que “más poder a los ciudadanos sí, más poder al poder, por supuesto que no”, y advirtió que, tras desmantelar los órganos autónomos, Morena ahora busca controlar el sistema electoral.

Anaya acusó al partido en el poder de haberse apropiado del Ejecutivo y del Legislativo, de promover una Reforma Judicial con tintes autoritarios y de desaparecer instituciones como el INAI, el IFT, el CONEVAL y la COFECE. Relató que, en el Senado, la mayoría calificada se construyó mediante presiones políticas y el uso de fiscalías estatales.

En otro tema, el senador panista calificó como “grotescas e inverosímiles” las conclusiones oficiales sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico, en el que murieron 14 personas y resultaron heridas casi 100, por lo que exigió la creación de una comisión de expertos independientes para esclarecer los hechos y garantizar justicia.

En su intervención, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa Abimerhi, destacó la coordinación inédita entre las bancadas del partido en ambas cámaras del Congreso, lo que —dijo— permite enfrentar con claridad la agenda del oficialismo y defender el Estado de derecho.

Asimismo, informó que el Grupo Parlamentario del PAN impulsará una agenda legislativa estructurada en siete ejes: democracia y combate a la corrupción; seguridad; justicia; desarrollo económico; desarrollo social; medio ambiente y política exterior.

Finalmente, se destacó que, gracias al trabajo coordinado entre senadores y diputados, el PAN logró corregir una iniciativa en materia de extorsión, evitando la reducción de sanciones a delincuentes y penas laxas para servidores públicos coludidos.