Ciudad de México.— El presidente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, advirtió que la investigación sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico enfrenta un serio problema de credibilidad, luego de que la filtración del expediente del caso evidenciara omisiones, inconsistencias y contradicciones frente a la versión pública presentada por la Fiscalía General de la República, la cual calificó como apresurada y orientada a encubrir responsabilidades de mayor nivel.

Romero Herrera recordó que el Tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto operado y administrado por la Secretaría de Marina, instancia responsable no sólo de la infraestructura, sino también del material rodante, la operación, el personal, los protocolos de seguridad y el mantenimiento. No obstante, señaló que tras el accidente la narrativa oficial se construyó como si se tratara exclusivamente de un error humano atribuible a trabajadores operativos, excluyendo desde el inicio posibles fallas estructurales del sistema.

El dirigente panista sostuvo que el país no puede aceptar una explicación cerrada “a toda prisa”, que pretenda cargar toda la responsabilidad penal sobre maquinistas y operadores, mientras se descartan de manera anticipada deficiencias en la supervisión, en los sistemas de control y en la operación general del proyecto ferroviario.

Recordó que el pasado 27 de enero la Fiscalía ofreció una conferencia de prensa en la que presentó como causa central del siniestro el exceso de velocidad, atribuido al maquinista y a otros operadores, descartando fallas determinantes en la vía o en el tren y presentando dicha conclusión como prácticamente definitiva.

Sin embargo, explicó que entre el 28 y el 31 de enero comenzaron a circular datos contenidos en el expediente del caso que contradicen de manera directa esa versión oficial. De acuerdo con dicha documentación, existen indicios de deficiencias graves en los sistemas de monitoreo y control de velocidad, fallas o limitaciones en los mecanismos de seguridad, equipos y software desactualizados, problemas de comunicación con la central, cámaras inservibles, así como vagones antiguos y desgastados. A ello se suman tramos ferroviarios con condiciones problemáticas que, combinadas con la velocidad, incrementan de forma significativa el riesgo de descarrilamiento.

Romero Herrera subrayó además que el propio expediente refiere que parte del personal operativo carecía de licencia ferroviaria vigente y contaba con exámenes médicos vencidos, situación que posteriormente fue reconocida por la Secretaría de Marina. Afirmó que estas irregularidades no pueden considerarse simples fallas administrativas, ya que implican decisiones de autorización y supervisión que necesariamente involucran mandos superiores.

“El hecho de que un tren de pasajeros opere bajo estas condiciones significa que alguien lo permitió, alguien firmó y alguien supervisó. Esa responsabilidad no puede esconderse detrás de un chivo expiatorio”, sostuvo.

El líder nacional del PAN advirtió también que resulta particularmente grave que la Fiscalía haya cerrado desde un inicio líneas de investigación relacionadas con la supervisión del proyecto y con posibles actos de corrupción, pese a la existencia de grabaciones difundidas públicamente que apuntan a irregularidades en la cadena de suministro de materiales.

En ese sentido, recordó la existencia de audios de una llamada entre Amílcar Olán y Pedro Salazar Beltrán, primo de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en los que se habla del suministro de balasto de baja calidad para el proyecto ferroviario, minimizando los riesgos técnicos y humanos, así como de beneficios económicos asociados a dicha proveeduría. Señaló que estos elementos fueron descartados desde el inicio por la Fiscalía, a pesar de su relevancia pública.

Romero subrayó que mientras la Secretaría de Marina sostiene que el caso “sigue abierto”, la Fiscalía ya detuvo y judicializó a personal operativo, lo que evidencia una contradicción institucional: se afirma que la investigación continúa, pero en los hechos ya se señalaron culpables y se cerraron líneas completas de investigación.

Ante esta situación, Acción Nacional exigió que no se descarte ninguna línea de investigación, incluidas aquellas relacionadas con corrupción y supervisión política; que se expliquen las contradicciones entre el expediente filtrado y la versión pública de la Fiscalía; que se ordenen peritajes internacionales independientes; y que se investigue de manera integral todo el proyecto, desde su diseño y construcción hasta los materiales utilizados, la rehabilitación y la operación.

Asimismo, demandó que se aclare por qué fueron ignoradas al menos 14 auditorías desde 2019, quién contrató a los maquinistas y autorizó su operación sin licencias vigentes, quién supervisó la seguridad ferroviaria y si existían certificaciones internacionales. Finalmente, el PAN exigió que comparezcan todos los responsables, sin excepciones ni intocables, y que se finquen responsabilidades administrativas, penales y políticas.