• Señala que la inseguridad evidencia territorios controlados por el crimen organizado
• Advierte que el PRI no convalidará una reforma electoral impulsada desde el poder
• Critica abandono a migrantes y falta de rendición de cuentas en Pemex
El coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, calificó como lamentable la actuación del gobierno de Sinaloa ante la desaparición de mineros en la entidad, al afirmar que el caso exhibe la inacción de autoridades estatales y la existencia de amplios territorios controlados por el crimen organizado.
En entrevista con medios de comunicación, Moreira sostuvo que la seguridad no puede seguir tratándose como un problema exclusivo de la federación y acusó a gobernadores de no asumir su responsabilidad. Subrayó que la prioridad inmediata debe ser la localización de los mineros, tanto por la tragedia humana como por el impacto negativo en la imagen internacional del país.
Sobre los recientes cambios en la coordinación de Morena en el Senado, el legislador priista afirmó que no modifican la postura de su partido frente a la reforma electoral, a la que calificó como una iniciativa “al estilo Maduro”, diseñada —dijo— para concentrar poder, debilitar a los partidos políticos y controlar a la autoridad electoral rumbo a 2030.
Moreira advirtió que el PRI no participará en foros que partan desde el poder sin consensos reales con la oposición y señaló que un gesto auténtico del gobierno sería suspender el proceso de reforma ante los graves problemas de seguridad, economía y la inminente revisión del T-MEC.
En materia internacional, acusó al gobierno federal de haber abandonado a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, al señalar el debilitamiento de los consulados y la falta de una política exterior activa para defenderlos.
Finalmente, denunció que la mayoría de Morena ha bloqueado la comparecencia de funcionarios clave, incluido el director de Pemex, para explicar temas como Dos Bocas, la falta de exploración petrolera y el envío de crudo a Cuba, lo que —dijo— refleja una renuncia al control legislativo y a la rendición de cuentas.

