Desde México, el artículo de María Beth Sheridan publicado en The New York Times fue leído en círculos políticos como algo más que un análisis periodístico: una pieza que retoma y legitima el discurso intervencionista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al sugerir que el Estado mexicano está capturado por el crimen organizado y que la presidenta Claudia Sheinbaum carece de control real sobre el país.

Para actores políticos y analistas nacionales, el texto incurre en una generalización peligrosa al presentar a México como un Estado fallido o sometido a los cárteles, narrativa que históricamente ha servido para justificar presiones externas, condicionamientos diplomáticos e incluso intentos de intervención bajo el pretexto del combate al narcotráfico.

La respuesta desde México es clara: la lucha contra el crimen organizado no puede reducirse a una lógica militar ni a imposiciones extranjeras. La experiencia histórica demuestra que la violencia no se resuelve con despliegues armados foráneos, sino con fortalecimiento institucional, combate a la corrupción, inteligencia financiera y cooperación bilateral basada en el respeto mutuo, no en la subordinación.

Desde el gobierno mexicano se subraya que la seguridad es un asunto de soberanía nacional y que ninguna administración aceptará la presencia de tropas extranjeras en territorio nacional. México, señalan, no es una colonia ni un protectorado, y no permitirá que diagnósticos externos simplificados definan su política interior.

Asimismo, se cuestiona el enfoque selectivo del artículo al omitir la corresponsabilidad de Estados Unidos en la crisis del narcotráfico, particularmente en el consumo de drogas, el tráfico de armas hacia México y el lavado de dinero en su sistema financiero. Para voces políticas mexicanas, resulta incongruente exigir “mano dura” sin asumir el papel que juega el mercado estadounidense en el fortalecimiento de los cárteles.

La insinuación de que Morena, como partido gobernante, está estructuralmente ligado al crimen organizado es vista como una acusación grave que carece de sustento judicial y que ignora que los vínculos entre delincuencia y poder político han sido un problema histórico y transversal, no exclusivo de una fuerza política ni de un periodo específico.

Desde México también se rechaza la idea de que la presidenta Claudia Sheinbaum gobierne bajo miedo o debilidad. Por el contrario, su negativa a aceptar presiones de Washington es interpretada como una señal de firmeza institucional y defensa de la soberanía, en línea con el mandato constitucional y con el respaldo mayoritario que obtuvo en las urnas.

La postura mexicana insiste en que el combate al crimen organizado debe darse con cooperación internacional, pero sin injerencias, sin discursos estigmatizantes y sin narrativas que reduzcan a México a un problema de seguridad para Estados Unidos. La relación bilateral, advierten, debe basarse en respeto, corresponsabilidad y reconocimiento de que la violencia que hoy se combate es resultado de dinámicas compartidas a ambos lados de la frontera.

Finalmente, desde México se subraya que aceptar la narrativa del New York Times sería renunciar a la autodeterminación nacional. La seguridad, la justicia y la paz no se construyen desde editoriales extranjeros ni desde amenazas presidenciales, sino desde instituciones fuertes, decisiones soberanas y un Estado que no se arrodilla ante nadie.