El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha intensificado su ofensiva contra los cárteles mexicanos, pero con un giro estratégico claro: en lugar de concentrarse únicamente en los traficantes de droga a nivel callejero, ahora apunta directamente al corazón financiero que sostiene las operaciones criminales. Fiscales federales han puesto bajo la lupa a los presuntos operadores financieros que facilitan el movimiento de millones de dólares en ganancias del narcotráfico, cada vez más a través de criptomonedas, desde distintas ciudades estadounidenses hacia líderes criminales en México.

De acuerdo con documentos judiciales y declaraciones de autoridades, los intermediarios financieros han demostrado una notable capacidad de adaptación frente al endurecimiento de la aplicación de la ley. Ante los mayores controles sobre transferencias bancarias tradicionales y el transporte físico de efectivo, estos operadores han optado por esquemas más sofisticados que combinan la recolección de dinero en efectivo con su conversión en activos digitales. Este mecanismo, señalan los fiscales, permite mover grandes sumas de dinero a través de la frontera sin levantar sospechas inmediatas y con menor riesgo de incautación.

La estrategia del DOJ busca “golpear donde más duele”: las finanzas. Para las autoridades estadounidenses, desmantelar las redes que lavan y transfieren el dinero del narcotráfico es clave para debilitar de forma estructural a los cárteles. “Sin flujo de efectivo, las organizaciones criminales pierden capacidad para pagar armas, sobornos, logística y expansión territorial”, han reiterado funcionarios del sistema judicial en distintos procesos recientes.

Según la información presentada ante las cortes, los acusados en estos casos no solo participaban en el traslado de recursos ilícitos, sino que supervisaban activamente el movimiento de las ganancias, decidiendo cuándo y cómo convertir el efectivo en criptomonedas, así como el momento oportuno para comerciar con ellas. Por estos servicios, los intermediarios se quedaban con un porcentaje del dinero que finalmente regresaba a manos de los cárteles, lo que los convertía en actores clave dentro de la cadena criminal.

El esquema descrito por los fiscales suele iniciar con la recolección de efectivo producto de la venta de drogas en diversas ciudades de Estados Unidos. Ese dinero es ocultado temporalmente o utilizado para comprar criptomonedas, que posteriormente son transferidas o intercambiadas mediante plataformas digitales. Este proceso, subrayan las autoridades, permite evadir los controles tradicionales del sistema bancario, que incluyen reportes de operaciones sospechosas y límites estrictos para transferencias internacionales.

Aunque las criptomonedas suelen ser percibidas como anónimas, el DOJ ha enfatizado que no son invisibles para las autoridades. Las investigaciones recientes se apoyan en análisis de cadenas de bloques (blockchain), cooperación internacional y el uso de herramientas tecnológicas avanzadas que permiten rastrear transacciones digitales hasta identificar a los responsables. No obstante, reconocen que el uso de activos digitales ha elevado el nivel de complejidad de las indagatorias.

Este endurecimiento del cerco financiero ocurre en un contexto de creciente preocupación por la capacidad de los cárteles mexicanos para adaptarse a los cambios en la política de seguridad y a la presión internacional. La utilización de criptomonedas no solo refleja una evolución tecnológica, sino también una estrategia deliberada para mantener la rentabilidad del narcotráfico frente a un entorno cada vez más hostil.

Para los fiscales estadounidenses, el mensaje es claro: la persecución penal ya no se limita a quienes trafican drogas, sino que se extiende a quienes hacen posible que el negocio siga siendo lucrativo. Al colocar en el centro de la estrategia a los operadores financieros, el Departamento de Justicia busca asfixiar económicamente a las organizaciones criminales y enviar una señal disuasiva a quienes, desde la sombra, facilitan el flujo de dinero ilícito entre Estados Unidos y México.