La detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, abrió una nueva línea de investigación que expone la profundidad de la infiltración del crimen organizado en las estructuras municipales de seguridad. En el centro del caso aparece el nombre de Juan Manuel Pérez Sosa, exdirector de Seguridad Pública del ayuntamiento, señalado como una pieza clave en la presunta conexión entre el edil y un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con las investigaciones en curso y con información publicada por el diario El Financiero, Pérez Sosa no solo ocupaba un cargo estratégico dentro del gobierno municipal, sino que presuntamente fungía como el enlace directo entre el alcalde detenido y Severo Flores Mendoza, alias “Rey Mago”, identificado por las autoridades como operador del CJNG con amplio conocimiento del aparato policiaco en Jalisco.

Flores Mendoza es un personaje conocido en los expedientes de seguridad. Fue comisario de Ameca, Jalisco, y posteriormente coordinador de jefes de policía de la región Valles, una zona integrada por 14 municipios estratégicos del estado, entre ellos Guadalajara y Puerto Vallarta. Desde esas posiciones, tuvo acceso a información sensible sobre operativos, mandos y estrategias de seguridad, datos que, según las pesquisas, habrían sido filtrados de manera sistemática al cártel.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra Rey Mago por sus presuntos vínculos con el CJNG, al señalarlo como un funcionario que utilizó su posición para beneficiar a la organización criminal a cambio de sobornos. La acusación estadounidense refuerza la gravedad del caso y coloca el expediente bajo la lupa internacional.

Pese a la acumulación de señalamientos, Flores Mendoza fue destituido hasta 2022, cuando aún se desempeñaba como comisario de la Policía Municipal. Sin embargo, la salida del cargo no derivó en la apertura de una carpeta de investigación en su contra, lo que le permitió permanecer en libertad. Actualmente, su paradero es desconocido, según reportes de medios locales.

El caso exhibe las fallas estructurales en los mecanismos de control y depuración de las corporaciones policiacas municipales, así como la permisividad institucional que permitió a un presunto operador del CJNG escalar posiciones clave sin enfrentar consecuencias legales oportunas. La red de contactos que ahora sale a la luz, con un alcalde detenido y un exjefe policiaco sancionado por Estados Unidos pero libre en México, refleja el grado de penetración del crimen organizado en gobiernos locales y plantea serias dudas sobre la eficacia de los sistemas de vigilancia y justicia en el país.