La discusión sobre cómo regular las redes sociales ha entrado en una nueva etapa a nivel internacional. Lo que comenzó como un esfuerzo por limitar el acceso de niñas, niños y adolescentes a plataformas digitales, hoy se amplía hacia un debate más profundo: el poder de los algoritmos y la responsabilidad legal de las empresas tecnológicas por los contenidos que difunden y amplifican.

En ese contexto, el Gobierno de España presentó una iniciativa que marca un cambio relevante en el enfoque de las legislaciones sobre el mundo digital. El proyecto, impulsado por el presidente Pedro Sánchez, plantea prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, como ya ocurre en países como Francia y Australia. Sin embargo, va más allá al introducir conceptos novedosos, como la tipificación de la manipulación del algoritmo y la trazabilidad del odio, es decir, la posibilidad de rastrear cómo se generan, promueven y viralizan contenidos dañinos.

Especialistas consultados coinciden en que esta propuesta responde a una realidad evidente: las plataformas digitales han acumulado un poder que, en muchos casos, ha superado la capacidad de regulación de los Estados. Bajo esta óptica, las nuevas leyes no solo buscan proteger a las audiencias más jóvenes, sino también restar influencia a empresas privadas que hoy deciden qué se ve, qué se oculta y qué se vuelve viral a través de sistemas automatizados.

El doctor en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, Luis Ángel Hurtado, advierte que existe el riesgo de simplificar el problema al responsabilizar únicamente a lo digital de fenómenos sociales complejos. Señala que resulta más fácil y políticamente rentable buscar culpables en las redes sociales que atender las causas profundas que generan los contenidos que ahí circulan. Aun así, subraya que no todo lo que se encuentra en Internet es negativo y que en las plataformas también hay material valioso que contribuye a la formación, el aprendizaje y el desarrollo integral, especialmente de niñas y niños.

Por su parte, la doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Úrsula Albo Cos, pone el acento en un aspecto que suele quedar fuera de las regulaciones: los mecanismos que las propias empresas utilizan para fomentar la adicción a sus plataformas. Explica que sistemas como las publicaciones infinitas, diseñadas para que el usuario nunca deje de desplazarse, afectan la salud mental no solo de menores de edad, sino también de personas adultas, al incentivar un consumo constante y difícil de controlar.

Este nuevo enfoque legislativo abre un debate de fondo sobre el equilibrio entre protección, libertad y responsabilidad en el entorno digital. Regular el acceso es solo una parte del problema; el desafío mayor está en comprender y controlar cómo operan los algoritmos que influyen en el comportamiento de millones de personas todos los días. La discusión ya no es únicamente qué ven los usuarios, sino quién decide lo que ven y con qué consecuencias sociales.