La indignación por la falta de atención médica en instituciones públicas volvió a encenderse tras difundirse un señalamiento directo contra el ISSSTE, luego de que un ciudadano denunciara que en el área de urgencias se le negó atención médica para sus hijos, obligándolo a endeudarse con más de 100 mil pesos para poder salvarles la vida fuera del sistema público.

El caso ha generado fuertes cuestionamientos hacia el gobierno federal, al contrastarse con los anuncios oficiales sobre el envío de apoyos y suministros médicos a otros países, mientras en México persisten denuncias de abandono, negligencia y puertas cerradas en hospitales públicos. En redes sociales, el reclamo fue directo: para otros países hay envíos, pero para los mexicanos no hay atención médica oportuna.

La crítica apunta de manera frontal al ISSSTE y a su director general, Martí Batres, a quien acusan de quedar expuesto ante un sistema que, lejos de cumplir con su función básica de salvar vidas, estaría fallando en su obligación más elemental. La denuncia sostiene que la negativa en urgencias no fue un hecho aislado, sino una muestra de un deterioro estructural que padecen miles de derechohabientes.

El señalamiento ha escalado al plano político, al involucrar directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, cuestionando si el discurso de prioridad a la salud se sostiene frente a testimonios de ciudadanos que enfrentan la realidad de hospitales saturados, falta de insumos y personal que, por omisión o incapacidad, termina negando atención en momentos críticos.

Este nuevo reclamo reabre el debate sobre el estado real del sistema de salud pública y el contraste entre la narrativa oficial y las experiencias cotidianas de los pacientes. Para quienes alzaron la voz, el mensaje es claro: cuando una institución niega atención en urgencias, no sólo incumple, sino que abandona, y ese abandono se paga con endeudamiento, sufrimiento y vidas en riesgo.