En un nuevo y controvertido episodio de la campaña militar emprendida por Estados Unidos en aguas internacionales, el Comando Sur (Southcom) confirmó este lunes la muerte de dos presuntos “narcoterroristas” tras un ataque contra una embarcación en el océano Pacífico. Con este hecho, el número de fallecidos asciende a 130 personas desde el inicio de estas operaciones, una serie de acciones que han generado una ola de debate internacional sobre el uso de fuerza letal, la legalidad del despliegue y sus implicaciones geopolíticas.

El propio Comando Sur informó a través de su cuenta oficial en la plataforma X que, además de los dos fallecidos, uno de los tripulantes sobrevivió al ataque. Las autoridades estadounidenses añadieron que la Guardia Costera fue notificada para activar un sistema de búsqueda y rescate para esta persona. El comunicado subraya que estas operaciones forman parte de una estrategia más amplia para enfrentar a redes criminales que, según Washington, operan en rutas marítimas del Caribe y el Pacífico oriental.

Una estrategia militar ampliada y polémica

La campaña, bautizada internamente como Operation Southern Spear, comenzó en septiembre de 2025 con ataques contra embarcaciones que, según el gobierno de Donald Trump, estaban vinculadas al narcotráfico y a grupos catalogados como “narcoterroristas”. A partir de ese momento, al menos 38 embarcaciones han sido destruidas entre el Caribe y el Pacífico oriental, la mayoría con resultados letales para quienes iban a bordo.

La Casa Blanca ha defendido esta campaña argumentando que busca “detectar, interrumpir y degradar” las redes de tráfico ilícito de drogas que supuestamente operan en aguas cercanas a Sudamérica. Funcionarios estadounidenses aseguran que parte importante de estas organizaciones criminales tienen vínculos con grupos presentes en Venezuela y Colombia. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado pruebas públicas concluyentes que confirmen que todas las embarcaciones atacadas estuvieran efectivamente implicadas en el tráfico de drogas. Esta ausencia de evidencias ha alimentado la crítica de expertos en derecho internacional, académicos y gobiernos extranjeros.

Fuente: AFP