El gobierno de México no tiene reportes sobre la presencia de drones operados por grupos criminales en la frontera con Estados Unidos, afirmó este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que autoridades estadounidenses informaran sobre la presunta intercepción de aeronaves no tripuladas vinculadas a cárteles mexicanos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue enfática: “No hay ninguna información de uso de drones en la frontera”. Sheinbaum subrayó que, hasta el momento, ninguna instancia del gobierno federal cuenta con datos que confirmen operaciones de este tipo en la zona limítrofe. No obstante, reiteró que su administración mantiene plena disposición para compartir información y colaborar con las autoridades estadounidenses a fin de esclarecer lo ocurrido.

Las declaraciones de la presidenta se produjeron minutos después de que un funcionario estadounidense confirmara a la agencia AFP, bajo condición de anonimato, que drones pertenecientes a cárteles mexicanos habrían incursionado en el espacio aéreo de Estados Unidos. De acuerdo con esa fuente, fuerzas militares estadounidenses “tomaron medidas para desactivar los drones”, aunque posteriormente el Pentágono y la Administración Federal de Aviación (FAA) determinaron que “no existía ninguna amenaza para el transporte comercial”.

El señalamiento encendió las alertas en ambos lados de la frontera, especialmente ante la posibilidad de que organizaciones del narcotráfico estén ampliando el uso de tecnología aérea no tripulada para tareas de vigilancia, transporte o incluso como instrumento de confrontación. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación pública de evidencia técnica que respalde la versión sobre drones criminales provenientes de territorio mexicano.

Sheinbaum informó que su gobierno investigará las razones que llevaron a determinar el cierre del espacio aéreo en Texas, una medida que generó sorpresa entre autoridades locales estadounidenses. “Vamos a revisar exactamente qué ocurrió y bajo qué criterios se tomó esa decisión”, dijo.

En Estados Unidos, la reacción tampoco fue uniforme. El representante demócrata por El Paso, Chris Canales, declaró al diario The Wall Street Journal que ni el gobierno local ni la base militar en la zona recibieron un aviso con suficiente anticipación. “Nadie en el gobierno local ni en la base militar local recibió un aviso de más de unos minutos”, señaló, calificando la medida como “radical”. Sus declaraciones evidencian posibles fallas en la comunicación interinstitucional del lado estadounidense.

El contexto del episodio incluye un aviso emitido por la FAA el pasado 16 de enero, en el que advertía sobre “actividad militar” en ciertas regiones cercanas a México y Centroamérica. El documento mencionaba posibles “situaciones potencialmente peligrosas” que podrían afectar sistemas de navegación satelital, y establecía una vigencia de 60 días. Aunque no hacía referencia directa a drones de grupos criminales, el señalamiento abonó a un ambiente de cautela en la región.

Además, desde septiembre pasado el Pentágono inició una campaña de operaciones contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Estas acciones forman parte de la estrategia estadounidense para frenar el tráfico de drogas, particularmente fentanilo, una sustancia que ha sido catalogada como crisis de salud pública en ese país debido al elevado número de muertes por sobredosis.

En este contexto, la presidenta Sheinbaum ha reiterado su disposición a fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad. Destacó que su gobierno ha entregado a decenas de integrantes de cárteles a la justicia estadounidense y ha incrementado los decomisos de fentanilo en territorio nacional. Según la mandataria, estos resultados reflejan un compromiso claro en el combate al narcotráfico y en la coordinación con Washington.

La controversia sobre los drones ocurre en un momento delicado para la relación bilateral, donde la seguridad fronteriza y el combate al crimen organizado ocupan un lugar central en la agenda política de ambos países. La ausencia de pruebas públicas y la diferencia de posturas entre ambos gobiernos abren interrogantes sobre la naturaleza del incidente y sobre los mecanismos de intercambio de inteligencia.

Por ahora, el gobierno mexicano insiste en que no tiene evidencia que confirme operaciones de drones criminales en la frontera. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses sostienen que actuaron para neutralizar una posible amenaza, aunque posteriormente descartaron riesgos para la aviación comercial.