El asesinato de Ricardo Mizael, un adolescente de 15 años que salió a comprar leche para alimentar a su gato y fue privado de la vida en Culiacán, junto con el hallazgo de cinco fosas clandestinas en el municipio de Concordia, confirman que la violencia en Sinaloa no se detiene y que el gobierno estatal ha sido incapaz de contener la crisis de seguridad, denunció la senadora Paloma Sánchez Ramos.

En un pronunciamiento emitido desde el Senado de la República, la legisladora del PRI sostuvo que la llamada narcoguerra supera ya los 520 días sin una estrategia clara ni resultados tangibles, mientras la población vive atrapada entre el miedo, la impunidad y la ausencia de autoridad. Afirmó que el asesinato del menor en Culiacán no es un hecho aislado, sino parte de un clima de violencia desbordada que evidencia el fracaso del gobierno encabezado por Rubén Rocha Moya.

Sánchez Ramos subrayó que la violencia “alcanza a todos” y que hoy en Sinaloa los inocentes ponen la vida mientras los responsables siguen operando con impunidad. Recordó que el joven fue asesinado en plena mañana, en un acto cotidiano, lo que demuestra que la inseguridad no distingue edades ni circunstancias. “Hoy en Sinaloa los inocentes ponen su vida, mientras los culpables se olvidan”, expresó.

La senadora también alertó sobre la gravedad del hallazgo de al menos cinco fosas clandestinas en Concordia, donde hasta ahora se han localizado 14 cuerpos, con versiones de habitantes y colectivos que advierten la posible existencia de más sitios de inhumación ilegal y más víctimas. Señaló que la magnitud de los hechos desmiente cualquier intento oficial de minimizar la situación y coloca nuevamente a Sinaloa como epicentro de una crisis humanitaria.

Cuestionó que, pese a la gravedad de los hallazgos, madres buscadoras y colectivos de familiares de personas desaparecidas sigan esperando información clara y acceso pleno a las zonas de búsqueda e identificación. Denunció que no existen reportes transparentes sobre los avances periciales ni sobre el número real de víctimas. “Las madres buscadoras tienen derecho a estar presentes; ellas rascan la tierra para encontrar a los suyos porque las autoridades no buscan a los que la violencia nos arrebata”, enfatizó.

Asimismo, rechazó la versión oficial que atribuye la desaparición de los mineros a una supuesta confusión con integrantes de un grupo criminal. Recordó que desde hace más de un año existían denuncias de amenazas y presiones de grupos delictivos, incluyendo exigencias para portar chalecos de determinado color como mecanismo de identificación forzada. “Las autoridades tenían conocimiento del riesgo y no hicieron nada”, sostuvo.

Para la legisladora priista, la continuidad de los asesinatos, las desapariciones y el hallazgo constante de fosas clandestinas reflejan una estrategia de seguridad inexistente o fallida. Acusó que mientras el gobierno estatal minimiza la crisis y evita confrontar de fondo a los grupos criminales, la población permanece desprotegida.

“La narcoguerra continúa ante la negativa del gobierno de enfrentar con firmeza a los grupos criminales. Mientras el gobierno minimiza la crisis, en Sinaloa la guerra sigue al amparo de un gobierno cobarde que se niega a enfrentar la violencia”, concluyó la senadora.