El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, aseguró que la salida de Marx Arriaga confirma que su nombramiento fue “un error garrafal” que México tardará años en corregir, y sostuvo que el verdadero problema no es que el exfuncionario permanezca atrincherado en oficinas de la Secretaría de Educación Pública, sino el “daño profundo” que —afirmó— dejó en el sistema educativo.

Anaya acusó que durante su gestión se introdujo ideología política en los libros de texto gratuitos y que desapareció el libro de matemáticas para primaria, lo que calificó como una afectación de gran magnitud para millones de estudiantes. “Lo de menos es su actitud mesiánica; lo grave es el daño estructural que hizo”, enfatizó.

El panista señaló que la responsabilidad de fondo recae en quien lo nombró, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y sostuvo que el gobierno actual debe asumir la corrección del rumbo educativo, más allá de la remoción de funcionarios. Exigió que se restituyan contenidos académicos técnicos, particularmente en matemáticas, y que se elimine cualquier sesgo partidista en los materiales escolares.

En un contexto más amplio, Anaya afirmó que el conflicto en la SEP es apenas un síntoma de una fractura mayor dentro del partido gobernante. Aseguró que Morena “está implosionando” y citó las acusaciones contenidas en el libro Ni venganza ni perdón, del exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra, donde se señala a funcionarios actuales de presuntos vínculos con financiamiento ilícito relacionado con el huachicol fiscal.

En particular, mencionó los señalamientos contra el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, a quien se acusa de haber recibido recursos provenientes de actividades ilegales para campañas políticas. Para Anaya, estas imputaciones ameritan investigaciones profundas y podrían configurar delitos graves.

El senador advirtió que el problema central es la falta de contrapesos institucionales. Sostuvo que México vive un momento de concentración de poder que dificulta investigaciones independientes y propicia impunidad ante acusaciones “concretas y puntuales”.

Finalmente, reiteró que la exigencia de la oposición no se limita a cambios administrativos en la SEP, sino a una revisión integral del modelo educativo reciente y a garantizar que los libros de texto se mantengan libres de adoctrinamiento político. En su visión, el conflicto educativo y las acusaciones internas reflejan un desgaste acelerado del partido en el poder y una crisis que trasciende a un solo funcionario.