El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, acompañado por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, así como representantes del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, confirmó el cierre definitivo del salón de belleza que operaba en instalaciones del Senado y defendió que no hubo uso irregular de recursos públicos, al tiempo que reconoció rezagos en materia de transparencia y anunció que en febrero podría enviarse la iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo.

Sobre el polémico salón de belleza, Mier sostuvo que se trató de un espacio reducido con tres instrumentos reutilizados —un sillón, un lavacabezas y un espejo— cuyo valor conjunto ascendía a 37 mil pesos, ya registrados en inventario de legislaturas anteriores. Afirmó que no existieron facturas nuevas ni asignación presupuestal adicional, que el servicio se ofrecía únicamente dos días por semana y que era pagado directamente por las senadoras que lo utilizaban. Sin embargo, evitó profundizar en quién autorizó originalmente su instalación y rechazó que se trate de un caso que amerite auditoría especial, argumentando que ya existen programas permanentes de revisión interna.

La explicación, aunque puntual, dejó zonas grises: no se detalló bajo qué figura administrativa operaba el espacio, ni si contaba con contratos formales, permisos internos o regulación específica sobre uso de instalaciones públicas para servicios privados. El presidente de la Jucopo insistió en que el tema “se convirtió en morbo” y dio por cerrado el asunto, priorizando —dijo— la agenda legislativa.

En cuanto a la transparencia, ante cuestionamientos sobre el rezago en la publicación de facturas y gastos en la Plataforma Nacional, Mier aseguró que sostuvo comunicación con la unidad de transparencia y con la Contraloría para regularizar la información y revisar auditorías correspondientes al último tramo de 2024 y al ejercicio 2025. Prometió que en próximos días se actualizarán los datos sobre el uso de los aproximadamente 5 mil millones de pesos anuales asignados al Senado, aunque no precisó fechas concretas.

Respecto a las comisiones bicamerales pendientes, informó que ya dialogó con Ricardo Monreal Ávila para proceder a su integración, particularmente aquellas derivadas de mandato constitucional como la que supervisa la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Señaló que el resto dependerá de acuerdos con la Cámara de Diputados.

En materia política, la reforma electoral continúa en etapa de negociaciones técnicas. La dirigencia del Partido Verde indicó que ha participado en mesas convocadas por Gobernación y que espera que la iniciativa sea enviada este mismo mes, aunque reconoció que aún no se conoce el contenido definitivo ni la Cámara de origen. Por su parte, el Partido del Trabajo confirmó que mantiene reuniones con la secretaria Rosa Icela Rodríguez y con el titular de la comisión especial, Pablo Gómez Álvarez, con el objetivo de presentar una redacción consensuada antes de concluir febrero.

Aunque el bloque oficialista habla de diálogo abierto y avances técnicos, la ausencia de un proyecto público mantiene la discusión en terreno opaco y dependiente de negociaciones cupulares. Mientras tanto, el Senado intenta cerrar frentes administrativos que han generado cuestionamientos públicos, en un contexto donde la austeridad, la rendición de cuentas y la coherencia institucional son exigencias cada vez más vigiladas por la opinión pública.