El gobierno de Estados Unidos asestó un nuevo golpe financiero al crimen organizado mexicano al anunciar sanciones contra el resort Kovay Gardens, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, así como contra 17 empresas y cinco ciudadanos mexicanos presuntamente vinculados a un esquema de fraude con tiempos compartidos. La medida, informada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, apunta directamente a una red que, según las investigaciones, operaba bajo la sombra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La acción fue ejecutada a través de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), instancia encargada de aplicar sanciones económicas. Las disposiciones implican el bloqueo inmediato de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o instituciones financieras de ese país. En términos prácticos, significa el aislamiento del sistema financiero internacional para los implicados, una herramienta que Washington ha utilizado de manera recurrente para debilitar a organizaciones criminales transnacionales.

De acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), entre 2019 y 2023 alrededor de 6,000 personas en Estados Unidos fueron víctimas de este fraude, acumulando pérdidas estimadas en 300 millones de dólares. Las autoridades detallan que la mayoría de los afectados eran adultos mayores, un sector especialmente vulnerable ante este tipo de engaños sofisticados.

Las investigaciones revelan que el CJNG operaba centros de llamadas —call centers— en Puerto Vallarta y zonas cercanas. En estos centros trabajaba personal con dominio fluido del inglés, capacitado para contactar a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos. El modus operandi consistía en ofrecer supuestos servicios para vender o cancelar contratos vacacionales, prometiendo transacciones rápidas y ventajosas. Sin embargo, tras convencer a las víctimas, los operadores exigían el pago de tarifas falsas, impuestos inexistentes o cargos administrativos ficticios. En numerosos casos, las personas afectadas perdieron los ahorros de toda su vida sin posibilidad de recuperación inmediata.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue contundente al presentar las sanciones. “Ya sea a través del tráfico de fentanilo hacia nuestras fronteras o la orquestación de esquemas de fraude de tiempo compartido, los cárteles de drogas terroristas como el CJNG constantemente victimizan a los estadounidenses para obtener ganancias”, afirmó. Sus palabras subrayan la estrategia de Washington de equiparar las actividades financieras ilícitas con otras formas de crimen organizado, como el narcotráfico.

Entre los ciudadanos mexicanos señalados se encuentra Carlos Humberto Rivera Miramontes, identificado como uno de los principales operadores de la red. También figuran Óscar Enrique Jiménez Tapia Tagayas, José Luis Gutiérrez Ochoa Tolin, Jonathan Faustino Ríos González, alias “Johnny Hood”, y José Eduardo Palacios Rodríguez. Las autoridades consideran que estas personas desempeñaban roles clave en la administración de empresas fachada y en la coordinación de los centros de llamadas.

Las 17 empresas vinculadas a Kovay Gardens —ubicadas en los estados de Jalisco y Nayarit— fueron igualmente incluidas en la lista de sancionados. Este movimiento amplía el cerco financiero y dificulta la posibilidad de que la red continúe operando bajo estructuras corporativas aparentemente legales. El comunicado oficial subrayó que el fraude con tiempos compartidos en México “ha plagado de víctimas estadounidenses por años, costándoles cientos de millones de dólares mientras organizaciones criminales como el CJNG se enriquecen”.

La acción forma parte de un esfuerzo sostenido de la OFAC y de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) para desmantelar las estructuras financieras del CJNG, considerado uno de los grupos criminales más poderosos y violentos de México. Para Washington, cortar las fuentes de financiamiento es tan relevante como interceptar cargamentos de droga, pues debilita la capacidad operativa del cártel y reduce su influencia económica.

Especialistas en seguridad consultados señalan que este tipo de sanciones tiene un doble efecto: por un lado, limita la movilidad financiera de los implicados; por otro, envía un mensaje disuasivo a empresas y particulares que pudieran colaborar, consciente o inconscientemente, con redes criminales. Además, refuerza la cooperación bilateral en materia de combate al lavado de dinero y delitos financieros.

Mientras tanto, el caso pone bajo la lupa al sector turístico en regiones como Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit, donde el modelo de tiempos compartidos es una práctica extendida y legal cuando se realiza conforme a la normativa. Las autoridades estadounidenses insisten en que las sanciones no buscan afectar la industria legítima, sino erradicar las operaciones fraudulentas que se esconden detrás de estructuras aparentemente formales.