Diputados federales del PAN exigieron a la Secretaría Anticorrupción investigar al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, por un presunto caso de corrupción y conflicto de interés relacionado con la Fundación Antonio Haghenbeck.

La acusación surge luego de que se revelara que el funcionario habitó un departamento en Polanco propiedad de dicha fundación, la cual fue beneficiada en diciembre de 2025 con un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que desalojó a más de 900 animales del predio donde durante 49 años operó el Refugio Franciscano. El inmueble, según el PAN, cuenta con un comodato vitalicio derivado de la voluntad testamentaria de Antonio Haghenbeck.

El diputado federal Héctor Saúl Téllez Hernández sostuvo que el secretario debe separarse del cargo para permitir una investigación imparcial sobre su relación con la fundación. Además, exigió que se haga pública su declaración patrimonial y su declaración 3 de 3, al señalar que se desconoce si el inmueble fue otorgado de manera gratuita o mediante el pago de una renta.

Por su parte, la presidenta del PAN en la capital, Luisa Gutiérrez Ureña, cuestionó la rapidez con la que se ejecutó el operativo, en contraste —dijo— con otros casos de despojo en la ciudad, donde existen hasta 15 carpetas de investigación diarias y los desalojos pueden tardar meses o años, incluso con mandato judicial.

La dirigente panista afirmó que el procedimiento contra el Refugio Franciscano siguió un patrón que, acusó, ha sido utilizado para despojar propiedades: apertura de carpetas de investigación por presuntas irregularidades y posterior desalojo inmediato. Señaló que la celeridad con la que actuaron las autoridades para beneficiar a la fundación, vinculada al secretario de Gobierno, genera dudas legítimas.

El vocero del grupo parlamentario del PAN, Federico Döring Casar, sostuvo que este caso refleja prácticas recurrentes en gobiernos de Morena y comparó el señalamiento con el episodio relacionado con José Ramón López Beltrán, quien ocupó una casa en Estados Unidos propiedad de una empresa contratista de Pemex.

Los legisladores panistas coincidieron en que los hechos deben investigarse a fondo para esclarecer posibles responsabilidades administrativas o penales, y señalaron que el desalojo puso en riesgo la vida de cientos de animales rescatados, por lo que demandaron transparencia total en el actuar de las autoridades capitalinas.