La Fiscalía General de la República informó que realiza las diligencias correspondientes derivadas de las investigaciones iniciadas por los delitos de delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, tras los hechos registrados en el poblado de Tapalpa, Jalisco.
De acuerdo con el comunicado oficial, elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) diverso armamento asegurado, entre el que se encuentran fusiles con accesorios lanzagranadas, un fusil Barrett, lanzacohetes, armas cortas, cartuchos útiles, granadas y granadas de mortero. Asimismo, fueron presentadas ante la autoridad ministerial dos personas identificadas como posibles integrantes de una organización criminal, cuya situación jurídica será determinada conforme a derecho.
La institución detalló que el Ministerio Público Federal adscrito a la FEMDO ordenó la práctica de diversas diligencias periciales, entre ellas reconocimientos y necropsias a los cuerpos de tres personas que perdieron la vida durante su traslado a la Ciudad de México. Como resultado de los trabajos periciales realizados por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se logró la identificación genética del cuerpo de Rubén “N”.
De igual forma, personal ministerial, pericial y de la Policía Federal Ministerial se trasladó a Tapalpa, Jalisco, con el propósito de llevar a cabo el levantamiento, procesamiento e identificación formal de otras personas que fallecieron en el lugar de los hechos, conforme a los protocolos establecidos.
Por otra parte, en relación con los actos violentos registrados en distintas entidades del país, ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) iniciaron 57 carpetas de investigación en 14 estados de la República, de las cuales 37 corresponden al estado de Jalisco.
La Fiscalía General de la República reiteró que continuará con las investigaciones respectivas y que mantendrá informada a la opinión pública en la medida que el debido proceso lo permita.

