Por Daniel Lee

La diáspora que no decide

Aunque el voto migrante existe legalmente desde hace casi dos décadas, su peso electoral sigue siendo irrelevante para las dirigencias partidistas. Los porcentajes de participación desde el extranjero son tan bajos que ningún partido ha construido una estrategia seria para conquistar ese electorado.

En cada proceso electoral, los partidos políticos mexicanos redescubren a la diáspora. Hablan de los migrantes como héroes nacionales, agradecen las remesas, prometen atención consular y aseguran que su voz será escuchada.

Pero cuando las campañas terminan y se cierran las urnas, la retórica se disuelve. El migrante vuelve a ocupar su lugar habitual en el sistema político mexicano: objeto de discurso, no sujeto de poder.

A diferencia de otros sectores sociales, la comunidad migrante mexicana no constituye una base electoral estratégica para los partidos. No define mayorías, no condiciona candidaturas y no altera el reparto del poder interno. Esa marginalidad no es casual: es el resultado de una exclusión política sistemática, sostenida tanto por omisión como por diseño.

La razón es simple: el sistema está diseñado para que el voto migrante no incida. No hay distritos electorales en el extranjero, no existen circunscripciones migrantes federales y el número de votos emitidos desde fuera del país no modifica de manera significativa los resultados nacionales.

En ese contexto, invertir recursos políticos, organizativos y programáticos en la diáspora no resulta rentable para los partidos. El migrante aparece entonces como símbolo, no como elector decisivo.

Promesas recicladas, resultados nulos

Cada sexenio, las plataformas electorales incluyen promesas similares: fortalecer el voto en el extranjero, mejorar la atención consular, reconocer la aportación de los migrantes. Sin embargo, una vez instalados en el poder, los partidos no impulsan reformas estructurales que modifiquen la relación entre la diáspora y el sistema político.

Las iniciativas para crear representación política directa de migrantes duermen en el Congreso o son descafeinadas hasta volverse irrelevantes. El requisito de residencia efectiva para acceder a cargos de elección popular se mantiene intacto, funcionando como un muro legal que impide a la diáspora disputar el poder.
El consenso es transversal: ningún partido está dispuesto a abrir un frente que pueda alterar los equilibrios internos y territoriales del sistema.

Las candidaturas “migrantes”: simulación institucional

En algunos estados, los partidos han promovido figuras conocidas como diputaciones o regidurías “migrantes”. Presentadas como avances históricos, estas candidaturas suelen responder más a cuotas partidistas que a procesos de representación auténtica.

En la práctica, muchos de estos cargos o provienen de la diáspora organizada, carecen de una base comunitaria real, responden a dirigencias locales y tienen márgenes de acción limitados.

Lejos de empoderar a los migrantes mexicanos, a nuestros paisanos estas figuras funcionan como válvulas de legitimidad, útiles para el discurso, pero incapaces de incidir en decisiones de fondo.

El requisito de residencia: la frontera legal

Uno de los principales mecanismos de exclusión política es el requisito de residencia efectiva en territorio nacional para ser votado. Esta exigencia, defendida por todos los partidos, invalida en los hechos la posibilidad de que líderes migrantes accedan a cargos relevantes.

La residencia se convierte así en una frontera política: quien vive fuera puede votar, pero no puede competir. El mensaje es inequívoco: la diáspora puede opinar, pero no gobernar.

Este candado legal protege a las élites partidistas locales de una posible irrupción de actores con experiencia internacional, agendas transnacionales y autonomía política.

El miedo a una diáspora organizada

Pero seamos claros: El voto migrante masivo y políticamente articulado podría cuestionar las prioridades tradicionales de los partidos. Podría exigir políticas públicas sobre retorno, derechos laborales, seguridad, relaciones bilaterales y combate a la corrupción con una perspectiva distinta.

Pero… Ese escenario resulta incómodo. Los partidos prefieren una diáspora fragmentada, desmovilizada y simbólica. Una comunidad agradecida, pero políticamente inofensiva.

Por eso, más allá de las diferencias ideológicas, existe un pacto no escrito: reconocer al migrante en el discurso, pero mantenerlo fuera del centro de decisión.

Campañas sin territorio

Otro factor clave es la imposibilidad práctica de hacer campañas políticas en el exterior con impacto real. Los partidos carecen de estructuras formales fuera del país y, cuando las hay, operan de manera informal o con fines meramente simbólicos.

La ausencia de territorio electoral refuerza la idea de que el voto migrante es marginal. Sin territorio, sin distritos y sin representación directa, la diáspora queda fuera del cálculo político cotidiano.

Los partidos políticos mexicanos han convertido al migrante en una figura retórica conveniente: presente en los discursos, ausente en las decisiones.

Mientras no exista una reforma que otorgue representación política real a la diáspora y elimine las barreras legales para disputar el poder, el voto migrante seguirá siendo un gesto simbólico, no una fuerza electoral.La democracia mexicana no solo se administra desde las instituciones; también se protege desde los partidos, asegurando que quienes viven fuera del país no puedan alterar el tablero político. El migrante vota, pero no define. Participa, pero no decide. Y así, elección tras elección, la frontera sigue marcando el límite del poder.

URGE, que los partidos políticos se tomen las cosas en serio y le den el peso y la importancia que tiene nuestra comunidad binacional; mucho se definirá con ellos y marcará la diferencia que se necesita. Y, usted que cree?

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