En medio de un escenario marcado por el crecimiento exponencial del uso de internet y redes sociales entre la población infantil y adolescente, el diputado Mariano Camacho presentó una iniciativa que busca establecer un marco legal más sólido para proteger a niñas, niños y adolescentes de los riesgos digitales.

Desde la tribuna del Congreso local, el legislador subrayó que el entorno digital se ha convertido en un espacio cotidiano para millones de menores de edad, pero también en un terreno donde proliferan amenazas que pueden comprometer su integridad, desarrollo y salud emocional. Por ello, su propuesta plantea una regulación diferenciada por rangos de edad, con el objetivo de equilibrar el acceso a la tecnología con medidas de protección reforzada.

La iniciativa contempla, en primer lugar, restringir el uso de redes sociales a niñas y niños menores de 12 años. Para el grupo de entre 12 y 14 años, propone que el acceso esté sujeto a la autorización y acompañamiento de padres o tutores, mientras que a partir de los 15 años se otorgue mayor autonomía, bajo un enfoque preventivo y educativo.

“Esta iniciativa no busca prohibir ni criminalizar el uso de redes sociales; busca establecer un marco de protección reforzada para nuestras niñas, niños y adolescentes, reconocer el entorno digital como un espacio libre, donde el Estado debe garantizar su seguridad y derechos”, afirmó el diputado.

Camacho enfatizó que la propuesta parte de una convicción que, aseguró, trasciende posturas ideológicas. “Desde este grupo parlamentario en el Estado de México estamos convencidos de que proteger a la niñez no es una postura ideológica, es una responsabilidad moral y legal”, sostuvo.

Las cifras respaldan la preocupación. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), nueve de cada diez niñas y niños en México utilizan internet, y el 74 por ciento tiene presencia en al menos una red social. Este alto nivel de conectividad, si bien abre oportunidades educativas y de socialización, también expone a la población infantil a una serie de riesgos que van en aumento.

Entre las principales amenazas se encuentran el ciberacoso, el grooming —práctica mediante la cual adultos se ganan la confianza de menores con fines de explotación—, los retos virales peligrosos que ponen en riesgo la vida y la salud, el reclutamiento por parte de grupos criminales y la venta de drogas a través de plataformas digitales. Especialistas en infancia y derechos digitales han advertido que la falta de supervisión y educación digital puede convertir a niñas, niños y adolescentes en blancos fáciles de estas conductas.

La propuesta legislativa reconoce que el acceso a internet forma parte del ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el acceso a la información. Sin embargo, plantea que dichos derechos deben ejercerse bajo un principio de interés superior de la niñez, garantizando condiciones seguras y acompañamiento adecuado según la etapa de desarrollo.

“Ninguna ley sustituye a la familia, pero sí puede acompañarla, respaldarla y darle herramientas frente a todos los riesgos que hoy existen, especialmente en este entorno digital”, expresó el legislador, al recalcar que la intención no es desplazar la responsabilidad de madres y padres, sino fortalecerla mediante un marco normativo claro.

El enfoque preventivo y educativo que propone la iniciativa incluye, además, la promoción de campañas de alfabetización digital, la capacitación para madres, padres y docentes, y la coordinación con plataformas tecnológicas para reforzar mecanismos de verificación de edad y control parental.

El debate apenas comienza. Mientras algunos sectores consideran indispensable establecer límites claros ante la magnitud del problema, otros advierten sobre la necesidad de cuidar que cualquier regulación no derive en restricciones desproporcionadas o en vulneraciones al derecho a la información.