La discriminación en México no es un fenómeno aislado ni circunstancial; es un problema social profundo que se manifiesta a través de prácticas que niegan derechos y reproducen desigualdades históricas. Así lo afirmó Itzel Hernández Lara, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien advirtió que estas conductas están sustentadas en prejuicios y valoraciones negativas hacia diversos grupos sociales.

De acuerdo con la académica de la Universidad Autónoma del Estado de México, la discriminación adopta múltiples formas y se expresa en distintos contextos y escenarios sociales. Puede basarse en el tono de piel, los rasgos étnicos, el origen nacional, la diversidad sexogenérica, el género, la edad o la clase social. Estas prácticas, explicó, no surgen de manera espontánea, sino que están profundamente arraigadas en prejuicios culturales que influyen en la forma en que se percibe y se trata a determinadas personas y comunidades.

El resultado es contundente: el acceso pleno a servicios, oportunidades y derechos se ve limitado para quienes pertenecen a grupos históricamente marginados. “No se trata solo de actitudes individuales, sino de estructuras que reproducen desigualdades”, sostuvo Hernández Lara al subrayar que la discriminación tiene también una dimensión cultural que normaliza estas exclusiones.

En este sentido, la investigadora enfatizó la necesidad de promover una perspectiva basada en derechos humanos. Desde esta óptica, todas las personas, por el simple hecho de serlo, deben acceder en igualdad de condiciones a los servicios públicos, a los espacios comunes y al ejercicio pleno de sus derechos. Sin embargo, en la práctica, esa igualdad formal dista de convertirse en una igualdad real.

Para dimensionar el problema, Hernández Lara citó datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación, elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los resultados muestran que entre los grupos que enfrentan mayores prácticas discriminatorias se encuentran las personas extranjeras y migrantes, los pueblos indígenas, las mujeres, integrantes de la diversidad sexual, trabajadoras del hogar y personas en situación de pobreza.

Estas cifras no solo evidencian percepciones sociales negativas, sino que reflejan experiencias concretas de exclusión que impactan directamente en el bienestar y las condiciones de vida de quienes las padecen. La discriminación restringe el acceso a derechos fundamentales como la educación, el empleo digno, la salud o la vivienda, perpetuando así círculos de desigualdad que se transmiten de generación en generación.

Si bien la comunicación y la difusión de información son herramientas clave para sensibilizar a la sociedad, Hernández Lara advirtió que no son suficientes por sí solas. La erradicación de los prejuicios debe ir acompañada de acciones concretas que garanticen el acceso efectivo a los derechos. Esto implica revisar prácticas institucionales, diseñar políticas públicas incluyentes e implementar medidas afirmativas que compensen las desventajas estructurales de ciertos grupos.

En este panorama, las instituciones educativas ocupan un lugar estratégico. Para la académica, las universidades y centros de formación no solo transmiten conocimientos técnicos, sino que moldean valores, perspectivas y formas de convivencia. Por ello, desempeñan un papel fundamental en la prevención de la discriminación mediante el fortalecimiento de una cultura de respeto a la diversidad y la promoción del acceso universal a los derechos.

El personal docente, añadió, tiene una responsabilidad crucial en la formación de estudiantes y futuras generaciones de profesionistas. De ahí la importancia de robustecer los procesos de capacitación que permitan identificar discursos y prácticas que reproducen prejuicios, muchas veces de manera sutil o normalizada. Detectar estas expresiones es el primer paso para transformarlas.

Finalmente, Hernández Lara sostuvo que el ámbito universitario constituye un espacio privilegiado para abrir el debate y reflexionar sobre las implicaciones sociales de la discriminación. En las aulas, los foros académicos y los espacios de diálogo pueden construirse rutas de acción orientadas a fortalecer el respeto a la diversidad y la igualdad de derechos.

La discriminación, concluyó, no desaparecerá únicamente con buenas intenciones. Requiere un compromiso sostenido, políticas públicas eficaces y una transformación cultural profunda. Solo así será posible avanzar hacia una sociedad en la que la igualdad deje de ser un ideal abstracto y se convierta en una realidad tangible para todas las personas.