Por Daniel Lee

México mantiene una deuda histórica con su diáspora. Millones de mexicanos en el extranjero sostienen la economía nacional mediante remesas, financian infraestructura comunitaria, organizan proyectos sociales y participan en procesos políticos, pero siguen excluidos de las decisiones estructurales sobre el desarrollo de sus comunidades de origen.

Hoy existe una oportunidad concreta para corregir esa contradicción: institucionalizar un modelo de presupuesto participativo migrante, una política pública que convertiría el poder económico y social de la migración en democracia directa y desarrollo territorial.

Las organizaciones migrantes mexicanas —particularmente los clubes de oriundos, federaciones comunitarias y redes transnacionales— han demostrado durante décadas una capacidad organizativa que el propio Estado no ha logrado replicar en muchas regiones del país.

Desde Estados Unidos, estas estructuras han financiado obras públicas, promovido proyectos productivos, fortalecido redes sociales y sostenido comunidades enteras frente al abandono institucional. Sin embargo, su participación sigue limitada a esquemas consultivos o de coinversión condicionada.

El reto ya no es reconocer su aportación, sino transformar su papel: pasar de benefactores informales a actores institucionales del desarrollo público.

México ya cuenta con bases institucionales que permiten avanzar hacia este modelo.

El Programa 3×1 para Migrantes demostró durante años que la coinversión entre migrantes y Estado puede generar infraestructura social en comunidades expulsoras. Bajo este esquema, los migrantes aportaban recursos para proyectos comunitarios que eran multiplicados por los distintos niveles de gobierno. El modelo evidenció algo fundamental: la diáspora no sólo envía dinero, también planifica desarrollo.

Sin embargo, el programa tuvo limitaciones estructurales: los migrantes no decidían el presupuesto público, no existía deliberación democrática real, dependía de voluntad gubernamentaly carecía de institucionalización política permanente.

Por otro lado, el modelo de presupuesto participativo implementado en la Ciudad de México ha demostrado que la ciudadanía puede decidir directamente sobre el destino de recursos públicos mediante votación y deliberación comunitaria. Pero este esquema sigue siendo territorial y no contempla la dimensión transnacional de millones de mexicanos en el exterior.

La innovación necesaria consiste en fusionar ambos modelos.

El presupuesto participativo migrante implica la construcción de una arquitectura institucional basada en democracia directa transnacional, coinversión social y planeación territorial comunitaria.

Registro y reconocimiento de sujetos políticos transnacionales

El primer paso consiste en reconocer formalmente a los migrantes organizados como sujetos de participación pública. Clubes de oriundos, federaciones migrantes y organizaciones binacionales —como la Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes o colectivos de defensa como Pueblo Sin Fronteras— funcionarían como unidades de representación comunitaria con capacidad de propuesta y deliberación.

Este reconocimiento transformaría la lógica actual: el migrante dejaría de ser receptor de servicios consulares para convertirse en actor institucional del desarrollo.

Sígueme en mis redes sociales: @DANIELLEE69495 https://www.facebook.com/profile.php?id=61575781711542