La diputada María Mercedes Colín Guadarrama (PRI) propuso la creación del Fondo Estatal de Protección contra Gastos Catastróficos para Personas Menores de Edad con Cáncer o Enfermedades Cardiovasculares Graves (administrado por la Secretaría de Salud estatal), con una proyección presupuestal inicial de 800 millones de pesos, el cual deberá incrementarse progresivamente cada año para atender a niñas, niños y adolescentes en esta situación y sin seguridad social.

La iniciativa de reforma al Código Administrativo estatal plantea que se consideren gastos catastróficos los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos asociados al cáncer infantil o a las enfermedades cardiovasculares graves, conforme a un catálogo que tendría que expedir el Consejo de Salud del Estado de México.

Estos gastos incluyen intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico. Para su selección, deberán analizarse criterios como su seguridad, eficacia, costo, efectividad, apego a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, y que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad, y el nivel o frecuencia con la que ocurren.

De acuerdo con el proyecto presentado durante la sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, con el objetivo de fortalecer la infraestructura médica de alta especialidad y garantizar su acceso, los institutos especializados en salud del Estado de México recibirían recursos del fondo, cuyos lineamientos y reglas de operación serían definidos por la Secretaría de Salud.

También considera que la información financiera del Fondo Estatal de Protección sea pública de oficio y que la persona titular de la Secretaría de Salud estatal rinda un informe anual ante el Congreso mexiquense sobre el monto, uso y destino de sus recursos.

La legisladora informó que el cáncer es la principal causa de muerte por enfermedad en menores de cinco a 14 años, mientras que las malformaciones cardiacas son la segunda causa de defunciones entre menores de cinco años.

Cabe señalar que el Consejo de Salud del Estado de México es una instancia permanente de coordinación, consulta y apoyo para la planeación, programación y evaluación de los servicios de salud, de acuerdo con su propio reglamento interno.

El documento refiere que la propuesta no contraviene ni duplica las responsabilidades de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), sino que las complementa con una herramienta estatal focalizada de protección reforzada.

En este sentido, aclara que el IMSS-Bienestar continuará atendiendo al universo general de mexiquenses sin seguridad social, mientras que el Estado atenderá prioritariamente a niñas y niños con cáncer o malformaciones cardíacas congénitas.

La iniciativa señala que, con base en proyecciones demográficas oficiales, en el Estado de México viven alrededor de 5 millones de menores de 18 años (estimación elaborada a partir de los grupos 0-9 y la proporción correspondiente del grupo 10-19). En este sentido, aplicando el indicador estatal de carencia por acceso a la seguridad social, que es de 48.8 por ciento, estima que aproximadamente 2.4 millones de niñas, niños y adolescentes mexiquenses no cuentan con seguridad social.

Añade que, considerando que la entidad concentra aproximadamente el 14 por ciento de la población infantil del país y que en México se registran cada año entre 4 mil y 7 mil casos de cáncer infantil, en el Estado de México habría entre 560 y 980 casos anuales. Aplicando la tasa estatal de carencia por acceso a la seguridad social, que es de 48.8 por ciento, entre 273 y 478 de esos casos podrían corresponder a menores sin seguridad social.

Por otro lado, el proyecto precisa que, con base en los 191 mil 840 nacimientos registrados en el Estado de México en 2024, y una incidencia promedio de cardiopatías congénitas graves de 2.5 a 3 por cada mil nacimientos, se estiman entre 480 y 575 casos anuales, es decir que entre 234 y 281 casos podrían corresponder a niñas, niños y adolescentes sin seguridad social.