Mientras el gobierno federal y los gobiernos estatales afinan preparativos para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026, cada vez surgen más cuestionamientos sobre si el evento deportivo más importante del planeta realmente representará un beneficio económico para México o si, como advierten especialistas y analistas financieros, terminará siendo un negocio redondo para la FIFA y sus patrocinadores globales, mientras las autoridades mexicanas asumen gran parte de los costos.

México será uno de los tres países anfitriones del torneo junto con Estados Unidos y Canadá, y aunque sólo albergará una parte de los partidos, las inversiones públicas para garantizar la organización del evento ya suman miles de millones de pesos. Tan sólo en la Ciudad de México, el gobierno capitalino ha anunciado inversiones cercanas a los 6 mil millones de pesos para mejorar infraestructura urbana, movilidad, seguridad y servicios en zonas cercanas al Estadio Azteca, que será sede del partido inaugural del torneo.

A estas inversiones se suman las adecuaciones y remodelaciones del propio estadio, cuyo costo supera los dos mil millones de pesos para cumplir con los estándares internacionales exigidos por la FIFA. En conjunto con obras de transporte, logística y adecuación urbana en las otras sedes mexicanas —Guadalajara y Monterrey— diversos análisis estiman que la inversión total vinculada al Mundial podría superar los 200 mil millones de pesos en infraestructura directa e indirecta.

Frente a estas cifras, las autoridades federales y estatales han defendido el evento bajo el argumento de que generará una importante derrama económica. Las proyecciones oficiales estiman que durante el torneo México podría recibir más de cinco millones de visitantes internacionales y generar una derrama cercana a los tres mil millones de dólares, principalmente en sectores como turismo, hotelería, transporte, gastronomía y entretenimiento.

Sin embargo, especialistas en economía deportiva advierten que ese flujo de dinero no necesariamente se traduce en ingresos directos para el Estado. La mayor parte de la derrama se concentra en empresas privadas del sector turístico y comercial, mientras que los gobiernos asumen los costos de infraestructura, logística, seguridad y servicios públicos necesarios para la realización del torneo.

Uno de los aspectos que más críticas ha generado es el régimen fiscal otorgado a la FIFA y a las empresas vinculadas al Mundial. México aprobó un esquema de exenciones fiscales que permitirá a la organización y a diversas compañías asociadas operar durante el evento sin pagar determinados impuestos, una condición que forma parte de los compromisos adquiridos para asegurar la realización del torneo en territorio nacional.

Este tipo de beneficios ha sido señalado por analistas como uno de los elementos que inclina la balanza económica a favor de la industria global del futbol. Los principales ingresos del Mundial provienen de la venta de derechos de transmisión televisiva, patrocinios internacionales, licencias comerciales y paquetes de hospitalidad, recursos que son administrados y concentrados casi en su totalidad por la FIFA, mientras que las ciudades anfitrionas reciben una porción mucho menor del negocio.

Además del debate financiero, también han surgido preocupaciones por los efectos urbanos y sociales asociados al torneo. En zonas cercanas al Estadio Azteca, organizaciones vecinales han advertido sobre el incremento en el precio de la vivienda, la presión sobre servicios públicos y el riesgo de procesos de gentrificación impulsados por proyectos inmobiliarios vinculados al Mundial.

Expertos en planeación urbana también han señalado que uno de los principales retos para México será garantizar que las inversiones realizadas tengan beneficios permanentes y no se conviertan en gastos de corto plazo ligados únicamente a la celebración del evento.

La experiencia internacional muestra que los mundiales de futbol suelen generar un fuerte impulso económico temporal, pero no siempre se traducen en beneficios sostenidos para las finanzas públicas. En varios países anfitriones, los costos de infraestructura y operación han superado los ingresos directos que los gobiernos logran recuperar.

En ese contexto, el debate comienza a tomar fuerza en México: mientras el gobierno promueve el Mundial como una oportunidad histórica para el turismo y la proyección internacional del país, críticos advierten que el evento podría terminar confirmando una tendencia que se repite desde hace décadas en el negocio del futbol global: grandes ganancias para la FIFA y sus socios comerciales, y elevados costos para las ciudades que abren la puerta al espectáculo.