Por Daniel Lee

La violencia en ruta ya no puede seguir siendo invisible

En el debate público sobre migración se habla con frecuencia de estadísticas, deportaciones y control fronterizo, pero rara vez se pone en el centro a quienes viven el tránsito en condiciones de mayor vulnerabilidad. Entre ellas destacan las mujeres transmigrantes, miles de niñas y adultas que cruzan territorio mexicano rumbo a Estados Unidos con la esperanza de reencontrarse con sus familias o escapar de la pobreza y la violencia en sus países de origen. Para muchas de ellas, México no es solo una ruta geográfica: se ha convertido en un territorio donde la incertidumbre, el abuso y la violencia acompañan cada etapa del camino.
La ruta migratoria que atraviesa estados como Puebla y Tlaxcala refleja con claridad esta realidad. En ese corredor, como en otras regiones del país, las mujeres migrantes enfrentan diversas formas de violencia: desde la explotación laboral y la extorsión hasta la violencia sexual ejercida por redes criminales que han convertido el tránsito migratorio en un negocio. A ello se suma la vulnerabilidad institucional que padecen las personas en movilidad, quienes muchas veces carecen de protección efectiva o de mecanismos seguros para denunciar abusos.

El fenómeno adquiere un rostro aún más preocupante cuando se observa la situación de las niñas migrantes. El estudio Niñas migrantes en México, un fenómeno invisibilizado, elaborado por la investigadora Leticia Hernández Vega, del Centro Universitario de Guadalajara, advierte que muchas menores participan en los flujos migratorios acompañadas por familiares o incluso viajando solas. La mayoría huye de contextos de violencia, pobreza extrema o busca reunificación familiar; sin embargo, durante el tránsito quedan expuestas a graves violaciones de sus derechos humanos.

Las condiciones del viaje agravan estos riesgos. Muchas mujeres transmigrantes enfrentan la falta de acceso a servicios básicos de higiene, agua potable o productos de salud menstrual. La precariedad del trayecto también limita el acceso a información y atención en materia de salud sexual y reproductiva. Como consecuencia, numerosas mujeres quedan expuestas a infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados o problemas médicos que rara vez reciben atención oportuna.

La violencia sexual constituye uno de los aspectos más alarmantes de esta crisis humanitaria. Sin embargo, se trata también de uno de los fenómenos más invisibilizados. Para una mujer migrante sin documentos, denunciar puede significar exponerse a la detención migratoria o a represalias de grupos criminales. El miedo, la desconfianza institucional y la urgencia de continuar el viaje generan un contexto de silencio que termina favoreciendo la impunidad.

Frente a esta realidad, diversas organizaciones migrantes mexicanas en Estados Unidos han comenzado a pronunciarse con mayor firmeza. Agrupaciones comunitarias, federaciones de clubes de migrantes y redes de defensa de derechos humanos han señalado que la protección de las mujeres en tránsito debe convertirse en una prioridad regional. Para estas organizaciones, la migración femenina no puede seguir siendo tratada como un fenómeno marginal dentro de las políticas migratorias, sino como un tema central que exige respuestas humanitarias y mecanismos de protección efectivos.

Desde estos espacios comunitarios se ha insistido en que México, como país de tránsito, tiene la responsabilidad de fortalecer los refugios, garantizar atención médica básica, ampliar los mecanismos de denuncia segura y combatir con mayor eficacia a las redes de trata y tráfico de personas. Las organizaciones migrantes también han subrayado que la defensa de los derechos de las mujeres en movilidad es inseparable de la lucha por la dignidad de toda la diáspora latinoamericana.

La situación de las mujeres transmigrantes revela una de las contradicciones más profundas del sistema migratorio en la región. Mientras los gobiernos concentran sus esfuerzos en reforzar fronteras y contener flujos migratorios, miles de mujeres continúan recorriendo el territorio bajo amenazas constantes que pocas veces aparecen en los discursos oficiales. En ese trayecto, la verdadera frontera no es únicamente la línea que divide a los países, sino la distancia que existe entre las políticas migratorias y la protección real de los derechos humanos.

Reconocer esta realidad implica algo más que una reflexión moral. Significa aceptar que el tránsito migratorio femenino exige políticas públicas urgentes, cooperación regional y una mayor presión de la sociedad civil —incluidas las organizaciones migrantes— para garantizar que ninguna mujer tenga que pagar con violencia el precio de buscar un futuro mejor. Así las cosas…

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