La tensión en torno a la reforma electoral escaló un nuevo peldaño luego de que la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, denunciara un “grave error” en la iniciativa del llamado Plan B enviada por el Ejecutivo federal, al advertir la eliminación del principio de paridad constitucional, uno de los avances más significativos en materia de derechos políticos de las mujeres en México.

A través de un mensaje público, la legisladora panista lanzó una crítica directa al contenido del documento impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que la omisión de este principio —aprobado por unanimidad en 2019— no puede ser minimizada ni interpretada como un ajuste menor dentro de la reforma electoral.

Con un tono que combina advertencia política y presión institucional, López Rabadán sostuvo que prefiere asumir que se trata de un error en la redacción del documento y no de una decisión deliberada para eliminar un derecho histórico conquistado tras décadas de lucha por la igualdad sustantiva en la representación política.

El señalamiento no es menor. La paridad constitucional, elevada a rango constitucional en 2019, obligó a que los espacios de poder público —desde el Congreso hasta los gobiernos locales— se integraran bajo el principio de igualdad entre hombres y mujeres, marcando un parteaguas en la vida democrática del país y posicionando a México como referente internacional en materia de inclusión política de género.

La advertencia de la legisladora ocurre en un momento clave, cuando el Plan B avanza en su ruta legislativa con el respaldo de la mayoría oficialista, pero también bajo el escrutinio de la oposición y diversos sectores que han señalado posibles retrocesos en derechos y equilibrios institucionales.

Al calificar la posible eliminación de la paridad como una “mutilación a un derecho histórico”, la diputada no solo coloca el tema en el centro del debate legislativo, sino que eleva el costo político de cualquier intento por modificar o debilitar este principio, abriendo un nuevo frente de confrontación en una reforma que ya se perfilaba como altamente controvertida.

El señalamiento también anticipa que, de confirmarse el contenido del documento, la discusión no se limitará a temas técnicos o presupuestales, sino que tocará fibras sensibles relacionadas con derechos fundamentales, lo que podría intensificar el debate público y polarizar aún más el proceso legislativo en curso.

Así, en medio de una reforma que busca redefinir las reglas del sistema electoral, la posible exclusión del principio de paridad introduce un elemento de alto impacto político y social, capaz de reconfigurar alianzas, endurecer posturas y poner en entredicho el compromiso del Estado mexicano con la igualdad de género.