En medio de una carga legislativa sin precedentes y con la reforma electoral avanzando a contrarreloj, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció que esta misma semana iniciará el proceso de renovación del Consejo del Instituto Nacional Electoral, una decisión clave que marcará el rumbo del árbitro electoral en los próximos años.

El legislador adelantó que en las próximas horas se emitirá la convocatoria —si es avalada por la Junta— para seleccionar a tres nuevos consejeros electorales que sustituirán a quienes concluyen su encargo en abril. El proceso, advirtió, no será menor: implicará desde la integración del Consejo Técnico de Evaluación hasta la aplicación de exámenes y la depuración de perfiles, en un contexto donde la exigencia de legitimidad y confianza pública es cada vez mayor.

Monreal Ávila enfatizó que, pese a las tensiones políticas, el actual Consejo General del INE ha demostrado autonomía e independencia, incluso tomando decisiones contrarias al gobierno en turno y a su partido. Bajo ese precedente, aseguró que la Cámara de Diputados buscará garantizar que los nuevos perfiles mantengan los principios de objetividad, transparencia, imparcialidad y profesionalismo, en momentos en que la credibilidad institucional se encuentra bajo constante escrutinio.

Sin embargo, el proceso de renovación no ocurre en el vacío. Se da en paralelo a una intensa agenda legislativa que incluye al menos ocho reformas pendientes, entre ellas modificaciones en materia laboral, ambiental, de vivienda, cinematografía y pensiones, además de ajustes al Código Penal Federal y leyes vinculadas a la productividad y la economía social. A esto se suma la expectativa de nuevas iniciativas en materia hacendaria, migratoria y anticorrupción, lo que perfila un periodo legislativo de alta presión política y operativa.

En este escenario, el llamado “Plan B” de reforma electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se convierte en el eje de la discusión. Monreal no escatimó en calificativos: lo definió como una reforma “sustancial” cuyo objetivo central es reducir los costos del sistema electoral, desde el financiamiento a partidos hasta la operación de los procesos comiciales.

A diferencia de intentos previos, el legislador sostuvo que ahora existe un acuerdo político que garantiza su aprobación en este periodo de sesiones, al asegurar que los aliados del bloque mayoritario ya han adelantado su voto a favor, lo que allana el camino en el Senado y anticipa un debate intenso, pero con desenlace prácticamente definido.

El contenido del Plan B no es menor. Plantea modificaciones a artículos clave de la Constitución —35, 115, 116 y 134— que impactan desde la revocación de mandato hasta la estructura de los ayuntamientos, el control del gasto público en congresos estatales y los límites salariales de los servidores públicos, incluidos los funcionarios electorales.

Entre los cambios más relevantes, destaca la posibilidad de que la revocación de mandato se realice en el tercer o cuarto año de gobierno, ampliando su margen de aplicación; la reducción y limitación del número de regidores en los municipios; el establecimiento de topes presupuestales para los congresos locales; y la imposición de restricciones más severas a las percepciones económicas de funcionarios, alineándolas al salario presidencial y eliminando prestaciones adicionales.

Asimismo, se contemplan ajustes a leyes secundarias en materia electoral y de partidos políticos, con énfasis en la fiscalización en tiempo real de los recursos, particularmente para evitar el ingreso de financiamiento ilícito, uno de los puntos más sensibles en la vida democrática del país.

En este contexto, la decisión de enviar la iniciativa al Senado como cámara de origen —una determinación directa del Ejecutivo— también revela una estrategia política que busca acelerar su procesamiento sin pasar inicialmente por San Lázaro, donde se concentra la renovación del INE.

Así, mientras se redefine la integración del árbitro electoral, avanza en paralelo una reforma que podría alterar de fondo las reglas del juego democrático, configurando un escenario donde la operación institucional, la correlación de fuerzas y la confianza ciudadana estarán nuevamente a prueba.