En medio de un escenario político polarizado, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, expresó su confianza en que el bloque oficialista logrará construir consensos para aprobar el llamado Plan B en materia electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La legisladora destacó que la iniciativa —ya turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos— tiene como eje central la reducción del gasto electoral y la optimización del uso de los recursos públicos, en una narrativa que busca posicionar la reforma como un mecanismo de austeridad y eficiencia institucional.

De acuerdo con su postura, uno de los puntos más relevantes del proyecto es la disminución del presupuesto destinado a los congresos locales y a los ayuntamientos, una medida que, aseguró, responde a una demanda histórica de racionalidad en el ejercicio del gasto público y a la necesidad de canalizar mayores recursos en beneficio directo de la población.

Castillo Juárez subrayó que, además del componente presupuestal, la reforma plantea ampliar los derechos ciudadanos mediante ajustes a los mecanismos de participación, particularmente en lo referente a la ratificación de mandato, lo que —sostuvo— fortalecería la vida democrática del país al permitir una mayor intervención de la ciudadanía en la evaluación de sus gobernantes.

En un mensaje difundido públicamente, la senadora confió en que las fuerzas que integran el denominado movimiento de transformación, incluyendo al Partido Verde y al Partido del Trabajo, cerrarán filas en torno al proyecto, lo que anticipa una ruta legislativa con respaldo suficiente para avanzar en su aprobación.

La legisladora enmarcó la propuesta dentro de una lucha de largo aliento por la equidad y el ahorro en el gasto público, al señalar que durante décadas se ha buscado reducir excesos en las estructuras gubernamentales, bajo la premisa de que el presupuesto debe orientarse prioritariamente al bienestar social.

No obstante, su llamado al consenso ocurre en un contexto donde la reforma electoral ha generado fuertes críticas desde la oposición, que advierte posibles riesgos para los equilibrios institucionales y la autonomía de los órganos electorales, lo que anticipa un debate intenso en las comisiones y en el Pleno.

Pese a ello, Castillo Juárez reiteró el compromiso del Senado de llevar a cabo una discusión profunda del proyecto, aunque con una mayoría legislativa alineada con el Ejecutivo, el desenlace parece inclinarse hacia la consolidación de una reforma que, de aprobarse, redefinirá aspectos clave del sistema electoral y del funcionamiento de los gobiernos locales en México.