En medio de un escenario político que anticipa una nueva confrontación en torno a las reglas electorales del país, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, aseguró que la iniciativa conocida como “Plan B”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, podría ser aprobada antes de Semana Santa, aunque insistió en que no será procesada mediante un “fast track”.

Desde el Senado de la República, el legislador defendió el contenido de la reforma al sostener que mantiene coherencia con los principios de austeridad republicana, al tiempo que respeta el federalismo, el municipalismo y el régimen interno de las entidades federativas. En ese sentido, recordó que estados como Yucatán, Tabasco, Veracruz y el Estado de México ya han realizado ajustes en sus estructuras municipales, particularmente en la integración de cabildos y regidurías, lo que, dijo, evidencia una tendencia de reconfiguración institucional en distintos niveles de gobierno.

A pesar de la premura en los tiempos —marcados por la cercanía del periodo vacacional— Mier Velazco subrayó que el proceso legislativo se apegará a la ruta formal: la iniciativa será turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, donde se elaborará el dictamen correspondiente, se circulará conforme a reglamento y se someterá a discusión antes de su eventual votación en el Pleno.

El senador dejó claro que, aunque existe una mayoría legislativa favorable al proyecto, no se pretende imponer la reforma sin deliberación. En un intento por desactivar críticas anticipadas de la oposición, afirmó que “una mayoría no puede aplastar un sistema estructurado por muchas décadas”, al tiempo que atribuyó a la titular del Ejecutivo una postura de “sensibilidad política” frente a la necesidad de preservar la estabilidad institucional del país.

No obstante, reconoció que la iniciativa aún no ha sido recibida formalmente en la Cámara Alta, pese a que fue anunciada por la propia presidenta durante la mañana. Se prevé que el documento llegue en breve para iniciar su procesamiento legislativo, en medio de un ambiente político que ya anticipa resistencias y un intenso cabildeo en torno a sus alcances.

El proyecto, que contempla la reducción de privilegios y el fortalecimiento de mecanismos como la revocación de mandato, también obligará a los congresos estatales a realizar adecuaciones en función de sus características demográficas y territoriales, particularmente en lo referente al número de regidores en los ayuntamientos. Mier Velazco precisó que se mantendrá un mínimo de siete integrantes por cabildo, con el objetivo de garantizar la representación de minorías.

En contraste, descartó cualquier modificación en la integración del Congreso de la Unión, al señalar que dicha decisión corresponde a la soberanía de los estados y no forma parte del alcance de esta reforma.

Con tiempos acotados y una mayoría legislativa alineada con el Ejecutivo, el llamado “Plan B” se perfila como uno de los movimientos políticos más relevantes del arranque de año, con implicaciones directas en el equilibrio institucional, la operación electoral y la correlación de fuerzas rumbo a los próximos procesos comiciales.