En medio de un problema ambiental que durante años ha sido invisibilizado en la discusión pública, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de México, Elías Rescala, ha presentado una iniciativa que podría redefinir la relación entre entidades en materia de gestión de residuos: cobrar 200 pesos por cada tonelada de basura que la Ciudad de México y el estado de Hidalgo envían al Estado de México.

La propuesta no es menor. Actualmente, el Estado de México gestiona más de 26 mil toneladas de residuos sólidos al día, de las cuales cerca de la mitad provienen de otras entidades. Tan solo la capital del país envía más de 10 mil toneladas diarias —equivalentes a entre 3.6 y más de 4 millones de toneladas al año—, mientras que Hidalgo aporta alrededor de 2 mil toneladas diarias. Este flujo masivo de basura ha convertido a varios municipios mexiquenses en receptores permanentes de desechos externos, sin que exista una compensación económica proporcional al impacto generado.

“La lógica de esta iniciativa es profundamente justa: que la Ciudad de México e Hidalgo paguen por la basura que nos mandan y que ese dinero se quede en los municipios afectados”, sostuvo Rescala. El legislador enfatizó el principio de responsabilidad ambiental: “quien contamina debe pagar”, subrayando que si el daño tiene un territorio concreto, los recursos también deben dirigirse a ese mismo espacio.

La iniciativa, presentada ante la LXII Legislatura mexiquense, propone reformar el Código Financiero del Estado de México y Municipios para crear el Derecho por Recepción, Almacenamiento, Tratamiento y Disposición Final de Residuos. Este nuevo esquema obligaría a entidades federativas, municipios, alcaldías e incluso intermediarios privados que utilicen infraestructura mexiquense —como rellenos sanitarios, centros integrales de residuos o sitios de disposición de escombros— a pagar la cuota establecida.

El mecanismo plantea que el cobro sea anticipado y directamente en los sitios donde se depositan los residuos, los cuales deberán emitir comprobantes y transferir los recursos a la autoridad fiscal. Estos documentos incluirán información clave para garantizar la trazabilidad de los desechos, como el municipio o alcaldía de origen, la cantidad en toneladas y la fecha de depósito.

Este componente de trazabilidad representa uno de los aspectos más innovadores de la propuesta, ya que permitiría identificar con precisión qué territorios generan los residuos que terminan en suelo mexiquense, abriendo la puerta a una mayor transparencia y eventualmente a políticas más eficientes de reducción y reciclaje.

En términos financieros, la iniciativa estima una recaudación anual superior a los 875 millones de pesos. De este monto, el 67 por ciento —alrededor de 580 millones— se destinaría directamente a los municipios que reciben la basura, como Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Chicoloapan e Ixtapaluca, zonas que han soportado durante años los efectos negativos de esta carga ambiental.

Estos recursos, según el proyecto, deberán emplearse en acciones específicas como control de plagas, modernización de infraestructura para el manejo de residuos, instalación de plantas de tratamiento, adquisición de maquinaria recicladora, restauración de suelos y cuerpos de agua, programas de reforestación y reparación de vialidades dañadas por el tránsito constante de camiones recolectores.

El 33 por ciento restante —cerca de 290 millones de pesos— se asignaría al gobierno estatal para implementar políticas generales orientadas a garantizar el derecho de la población a un medio ambiente sano, en línea con lo establecido por la Constitución.

Además, la iniciativa establece que los sujetos obligados deberán llevar un registro detallado de los residuos que manejan, lo que fortalecería los mecanismos de control y supervisión. Para ello, la Secretaría de Finanzas estatal contará con un plazo de 90 días para emitir las disposiciones reglamentarias necesarias, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Más allá de su impacto económico, la propuesta abre un debate profundo sobre la corresponsabilidad metropolitana en la gestión de residuos. Mientras el Estado de México ha fungido durante décadas como receptor de basura, la iniciativa busca equilibrar la balanza y visibilizar los costos reales —ambientales, sociales y de infraestructura— que implica esta dinámica.