El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lanzó una acusación directa contra el proceso legislativo que dio paso a la convocatoria para renovar tres consejerías del Instituto Nacional Electoral, al asegurar que se trató de un procedimiento viciado, apresurado y carente de condiciones mínimas de imparcialidad, en el que —según denunció— se incurrió incluso en prácticas que comprometen la legalidad y transparencia de la votación.

Moreno Cárdenas sostuvo que el PRI fue el único partido que votó en contra del acuerdo para emitir la convocatoria y designar al Comité Técnico de Evaluación, al considerar que no existieron garantías para un proceso abierto, equitativo y confiable. En su posicionamiento, advirtió que desde el origen se negó la posibilidad de construir consensos amplios y de establecer reglas claras que dieran certeza a la selección de perfiles que habrán de ocupar espacios clave dentro del órgano electoral.

El también senador acusó que la prisa con la que se impulsó el acuerdo no es casual, sino parte de una estrategia que pone en riesgo la legitimidad del proceso, al concentrar decisiones fundamentales en los últimos momentos, sin permitir una revisión seria ni un análisis profundo por parte de los legisladores. Afirmó que este tipo de prácticas debilitan la confianza en las instituciones y generan dudas sobre la independencia de quienes serán designados.

Sin embargo, el señalamiento más grave radica en la forma en que se llevó a cabo la votación. De acuerdo con Moreno, el acuerdo ni siquiera estaba publicado en la Gaceta Parlamentaria al momento de ser sometido a consideración del pleno, sino que fue subido apenas segundos antes del cierre del tablero electrónico, cuando la mayoría de los legisladores ya había emitido su voto. Esta situación, subrayó, implica que la aprobación se realizó sin conocimiento pleno del contenido, lo que —desde su perspectiva— invalida cualquier argumento de legalidad o transparencia en el procedimiento.

En ese contexto, el líder priista aseguró que ningún legislador que votó a favor lo hizo de manera informada, lo que, dijo, exhibe un mecanismo de aprobación que raya en la simulación legislativa y que podría tener consecuencias graves para la credibilidad del proceso de selección de consejeros electorales.

Moreno Cárdenas reconoció la postura de la bancada priista en la Cámara de Diputados, así como la conducción de su coordinador, Rubén Moreira Valdez, a quienes atribuyó una actuación responsable frente a lo que calificó como un intento de imponer decisiones sin transparencia ni debate real.

El trasfondo de este señalamiento abre un nuevo frente de tensión política en torno a la renovación del Instituto Nacional Electoral, en un momento clave para la vida democrática del país, donde la integración de sus órganos directivos resulta determinante para la organización de futuros procesos electorales. Las acusaciones de irregularidades, opacidad y premura no solo alimentan la confrontación entre fuerzas políticas, sino que también colocan bajo escrutinio la legitimidad de un procedimiento que debería estar blindado de cualquier duda.