CHARLY CARRETO

En la LXII el diputado local por Ecatepec Octavio Martinez Vargas sigue siendo uno de.los legisladores productivos y propositivos.

Ahora en Tribuna presentó la iniciativa La Ley de Indulto y Justicia Humanitaria estatal.

El diputado Octavio Martínez (morena) planteó expedir una nueva Ley de Indulto y Justicia Humanitaria del Estado de México para que la persona titular del Poder Ejecutivo pueda otorgar la conmutación de pena a personas sentenciadas por delitos del fuero común.

La iniciativa —que busca abrogar la Ley de Indulto estatal vigente— redefine causales, procedimientos y órganos técnicos para analizar solicitudes de indulto en el sistema penitenciario mexiquense.

Planteó abrogar la Ley de Indulto estatal —vigente desde el 18 de abril de 2016— y expedir la Ley de Indulto y Justicia Humanitaria del Estado de México, con el propósito de establecer las bases para que la persona titular del Poder Ejecutivo estatal pueda otorgar la conmutación de la pena a personas sentenciadas por delitos del fuero común, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 77 de la Carta Magna estatal.

En sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, el parlamentario expuso que, partiendo de la realidad concreta de las cárceles en la entidad y de los contextos de vida de las personas recluidas, la propuesta de ley redefine las causales, aclara el procedimiento, fortalece los órganos técnicos y establece garantías efectivas tanto para las personas privadas de la libertad como para las víctimas y la sociedad en su conjunto.

“La Ley de Indulto y Justicia Humanitaria recoge, en buena parte, las impresiones y preocupaciones de colectivos de nuestra entidad, de familiares y de personas privadas de su libertad que están a la espera de que este Poder Legislativo pueda aportar elementos para encontrar una luz a todo el calvario que han cruzado, en los últimos años, durante el tiempo en que sus familiares han estado privados de su libertad de manera injusta”, expresó en tribuna.

En este sentido, agregó que solo así el indulto dejará de percibirse como un gesto aislado de benevolencia y se consolidará como un instrumento excepcional, pero robusto, para corregir los desajustes más graves entre la pena impuesta y los principios de dignidad, proporcionalidad e igualdad.

Indicó que la propuesta incorpora un catálogo moderno de causales, sustentado en evidencia objetiva, estándares nacionales e internacionales y criterios plenamente verificables, que permiten valorar situaciones de enfermedad grave, vejez, afectaciones irreversibles a hijas e hijos menores, vulneraciones documentadas al debido proceso, discriminación estructural, barreras lingüísticas y culturales, así como condiciones de vulnerabilidad acreditada.

Estos supuestos, añadió, no solo acercan la figura del indulto a su sentido humanitario original, sino que lo alejan de apreciaciones moralistas o esquemas basados en méritos subjetivos.

El legislador señaló que cuatro de cada 10 personas detenidas presuntamente han sido víctimas de fabricación de delitos, y actualmente más de 40 mil personas se encuentran privadas de la libertad en 22 reclusorios mexiquenses.

Explicó que su propuesta de ley podría beneficiar a personas con trastornos psiquiátricos que han perdido la cordura y no reciben tratamiento médico adecuado, estimándose que son alrededor de 500, así como a aquellas con enfermedades terminales o graves, o que padecen diabetes avanzada o cáncer.

Añadió que se consideraría a adultos mayores en prisión, integrantes de comunidades indígenas cuyos derechos y acceso al debido proceso hayan sido vulnerados, y mujeres que hayan sido víctimas de fabricación de delitos o violaciones a sus derechos humanos.
En la iniciativa se precisa que el indulto constituye un acto unilateral, excepcional y discrecional de la persona titular del Poder Ejecutivo, mediante el cual se declara la extinción total o parcial de la ejecución de la pena impuesta en sentencia firme. La concesión del indulto no afecta la validez formal ni material de la sentencia, no altera la determinación judicial sobre la responsabilidad penal ni modifica las obligaciones de reparación del daño ni cualquier otra responsabilidad civil derivada del hecho delictivo.

Además, el Poder Ejecutivo, por conducto de la Consejería Jurídica y de la Secretaría de Seguridad, deberá emitir las disposiciones administrativas necesarias para la correcta aplicación de la Ley dentro de los 90 días naturales siguientes a su entrada en vigor.
Finalmente, los expedientes de indulto que, a la fecha de entrada en vigor de la ley, se encuentren en trámite, deberán ajustarse a sus disposiciones en la etapa procesal en la que se encuentren, respetando las actuaciones ya realizadas y sin perjuicio de los derechos adquiridos de las personas promoventes.

Cabe mencionar que el documento exhibe que la situación penitenciaria del país refleja diversos desafíos estructurales, pues al cierre de 2024, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó 236 mil 773 personas privadas de la libertad en México, de las cuales 63.7 por ciento contaba con sentencia y 36.3 por ciento no. Mientras que el Estado de México fue señalado entre las entidades con 238.8 personas recluidas por cada 100 espacios disponibles.

Asimismo, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023 indica que la entidad concentra 35 mil 141 personas privadas de la libertad, lo que la convierte en el sistema penitenciario estatal más grande del país.

DE SALIDA: En una entrega anterior hablamos de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes Metropolitanos (ACME) quien inició trabajos de movilidad con el gobierno municipal municipal de Tlalnepantla.

Ahora ACME fortalece su estructura con nuevas empresas de grúas y consolida la confianza en sus liderazgos como una de las organizaciones más sólidas del sector, tras la incorporación de ocho empresas de grúas que refuerzan la confianza en sus liderazgos y en el trabajo coordinado de la asociación.

Como parte de este fortalecimiento institucional, se llevó a cabo la pega oficial de calcomanías ACME 2026 en unidades concesionadas, acción que simboliza no solo la integración formal de las empresas, sino también su compromiso con los principios de orden, legalidad y trabajo conjunto que promueve la organización.

En esta nueva etapa, se reconoce la participación de empresas que han decidido sumar esfuerzos y fortalecer el bloque:

Grúas Elite

Grúas Castillo

Grúas Moctezuma

Grúas El Triunfo
De igual forma, en una jornada que refleja el crecimiento constante de la asociación, se integraron:

Grúas Carfer

Grúas San Francisco

Grúas López

Grúas Metropolitanas


Estas adhesiones consolidan una red cada vez más robusta en el Valle de México, donde la coordinación entre agremiados permite generar mayor confianza entre usuarios, autoridades y actores del sector.


Destaca también la labor del coordinador de grúas, Erick Hernández, quien ha sido pieza clave para asegurar la organización, supervisión y fortalecimiento de esta red, manteniendo firme la estructura operativa de ACME.

Con estas acciones, ACME reafirma su compromiso de seguir creciendo de manera ordenada, impulsando liderazgos sólidos y generando certidumbre en un sector estratégico para la movilidad y los servicios en la región.

Hoy, el Valle de México amanece con más fuerza, respaldado por una asociación que avanza unida y con rumbo claro.
PARA CERRAR: El tan cantado plan B sobre la reforma electoral no es otra cosa más que una copia de lo implementado en el Estado de México en el 2020 a propuesta del Senador Higinio Martinez y que fue bien aterrizada por el entonces presidente de la JUCOPO en la Legislatura local Maurilio Hernández, quien supo hacer consensos con todos los partidos políticos.

Lo que se hizo en ese entonces fue un recorte en las representaciones de los partidos politos en los Cabildos.

En el caso Toluca se recortaron de 16 regidores a 11 y de tres Síndicos a dos y por el estilo en el resto de los 125 ayuntamientos de la entidad.

Ahora Claudia y su grupo de asesores crearon una reforma muy similar, por no decir que igual en la que se establece que para el próximo proceso electoral en todos los ayuntamientos del país se recortará el número de regidores y síndicos.

Según ella para que haya mayores recursos en los ayuntamientos para obras.

Lo único real de esta o ciática es que el gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum ya no saben de dónde sacar dinero y cada vez tienen más ocurrencias, que no van en beneficio de los mexicanos, si o solo se unos cuentos en el poder.