El coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira Valdez, arremetió contra el llamado Plan B de la reforma electoral impulsado por el oficialismo, al que calificó como una estrategia “tramposa, engañosa y cosmética” que, lejos de fortalecer la democracia, busca concentrar el poder y debilitar los contrapesos institucionales en el país. En un posicionamiento directo, el legislador advirtió que la iniciativa representa un riesgo para el equilibrio democrático y forma parte de una ruta que, dijo, podría derivar en un modelo autoritario.

Moreira sostuvo que uno de los puntos más delicados es la intención de incorporar a la presidenta Claudia Sheinbaum en el proceso electoral de 2027 mediante una eventual revocación de mandato concurrente con las elecciones, lo que —afirmó— abriría la puerta a una “super campaña” con todo el aparato del Estado en operación. Este escenario, además de inequitativo, coincide con propuestas del propio Plan B que contemplan ajustar el calendario electoral y reducir costos bajo el argumento de austeridad , lo que ha generado tensiones incluso entre aliados del oficialismo por el posible impacto en la contienda .

El legislador priista también denunció un sesgo centralista en la reforma, al señalar que se pretende debilitar a los congresos locales mediante recortes presupuestales que afectarían directamente a los órganos de fiscalización, reduciendo la vigilancia sobre los gobiernos estatales. En ese sentido, advirtió que la disminución de recursos no implicaría ahorros reales, sino menor transparencia y mayor opacidad en el ejercicio del poder, en línea con críticas previas del propio PRI que apuntan a una posible concentración de decisiones en el ámbito federal .

En materia de representación, Moreira acusó que el proyecto contiene contradicciones graves, como la eliminación de la paridad de género en ayuntamientos y cambios en la integración de cabildos que, lejos de reducir estructuras, podrían incrementarlas en algunos estados. Asimismo, desestimó los argumentos de austeridad al señalar que los supuestos recortes salariales a dirigentes partidistas son inviables en la práctica, mientras que el ahorro prometido por el gobierno —estimado en miles de millones— no corresponde con la realidad del gasto público.

Otro de los señalamientos centrales fue el debilitamiento del árbitro electoral. El coordinador priista advirtió que el Plan B busca reducir capacidades del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral, lo que podría traducirse en menor vigilancia, funcionarios con menos recursos y una estructura vulnerable frente a irregularidades. Esta preocupación coincide con advertencias previas de la oposición sobre una eventual regresión democrática y pérdida de certeza en los procesos electorales .

Moreira también criticó la falta de consulta a pueblos indígenas en cambios que impactan directamente la integración de ayuntamientos, lo que, aseguró, podría derivar en la invalidez constitucional de la reforma. A ello sumó omisiones relevantes, como la ausencia de medidas contra la sobrerrepresentación legislativa y la falta de mecanismos para impedir la intervención del crimen organizado en elecciones, un tema que ha sido señalado como uno de los principales pendientes del sistema electoral mexicano .

Finalmente, el legislador cerró con una advertencia política de alto calibre al comparar la iniciativa con modelos autoritarios y cuestionar la técnica legislativa del oficialismo, al señalar inconsistencias, errores y falta de rigor en la redacción. Bajo ese contexto, llamó a la ciudadanía a informarse, participar y manifestarse, al considerar que lo que está en juego no es una reforma administrativa, sino el futuro del sistema democrático en México.