Por: Adrián Ojeda Castilla – CCO Noticias

Desde el arranque de la LXVI Legislatura en septiembre de 2024, el Congreso de la Unión mantiene sin constituir la Comisión Bicameral encargada de supervisar al Canal del Congreso, órgano responsable de aprobar lineamientos, vigilar la administración, autorizar decisiones estratégicas y revisar el ejercicio presupuestal del medio público. Registros parlamentarios consultados confirman la ausencia formal de esta instancia, lo que ha generado un vacío de supervisión institucional en uno de los instrumentos de comunicación más relevantes del Poder Legislativo.

De acuerdo con especialistas en derecho parlamentario y normatividad interna del Congreso, la inexistencia de esta Comisión limita de facto los mecanismos de control sobre las decisiones administrativas y editoriales del Canal, abriendo cuestionamientos sobre el marco bajo el cual se han tomado determinaciones desde el inicio de la Legislatura. En condiciones ordinarias, dicho órgano colegiado no solo define directrices generales, sino que también recibe informes periódicos de gestión y avala el uso de recursos públicos, por lo que su ausencia coloca en una zona de incertidumbre la legalidad y transparencia de diversas acciones recientes.

En este contexto, fuentes legislativas y trabajadores del propio Canal han señalado que la figura de encargado —quien actualmente dirige la operación— habría asumido decisiones que, en condiciones regulares, requerirían aprobación expresa de la Comisión Bicameral. Entre estas se encuentran posibles contrataciones estructurales, modificaciones en la línea programática, autorizaciones de adquisiciones relevantes y cambios en la imagen institucional. Sin embargo, hasta el momento no se han localizado actas públicas, acuerdos oficiales o documentos que respalden dichas determinaciones, lo que impide verificar su sustento normativo.

Uno de los señalamientos más relevantes refiere al presunto desmantelamiento o salida de operación de una unidad móvil de transmisión, herramienta fundamental para la cobertura legislativa en campo. De acuerdo con testimonios internos, no existe evidencia pública de acta de baja patrimonial, informe técnico, justificación presupuestal ni comunicación institucional detallada sobre su destino, lo que mantiene el caso en opacidad. Este tipo de equipo resulta estratégico para la cobertura de sesiones, eventos legislativos y actividades fuera de recintos parlamentarios, por lo que su eventual desaparición o inoperancia plantea interrogantes sobre la capacidad operativa del medio.

A ello se suman cuestionamientos sobre la producción de contenidos que, según fuentes consultadas, se alejan del mandato original del Canal del Congreso. Entre los casos mencionados se encuentran la transmisión de programas deportivos, espacios de conducción no vinculados directamente al análisis legislativo, cobertura sistemática de conferencias del Poder Ejecutivo federal e incluso la intención de acreditar personal para la cobertura de un mundial de futbol. Especialistas en medios públicos advierten que la función central del Canal es difundir la actividad parlamentaria y fortalecer la transparencia legislativa, por lo que cualquier ampliación de su línea editorial requeriría un acuerdo formal que, hasta ahora, no ha sido documentado.

En materia de recursos humanos, también se reporta la incorporación de personal para la conducción y producción de nuevos espacios, lo que abre la necesidad de revisar nóminas comparativas, contratos por honorarios, autorizaciones administrativas y justificaciones presupuestales. Sin documentación oficial disponible, estos señalamientos permanecen sujetos a verificación, aunque reflejan un patrón de decisiones tomadas sin la supervisión colegiada que establece el marco normativo.

Otro punto de controversia es la implementación de nuevos logotipos e identidad gráfica con características propias de un diseño comercial. Fuentes consultadas cuestionan si existió contratación externa para este rediseño, el costo que implicó, quién autorizó los cambios y si estos se apegan a los lineamientos institucionales del Congreso. La falta de información pública al respecto refuerza las dudas sobre los procesos internos de toma de decisiones.

El caso del Canal del Congreso se da en un contexto más amplio en el que organismos públicos han sido señalados por falta de transparencia y rendición de cuentas, situación que ha sido documentada en distintos momentos por la Auditoría Superior de la Federación en revisiones al ejercicio del gasto en entes públicos. Aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial específico sobre este caso, expertos coinciden en que la ausencia de órganos de control incrementa los riesgos de discrecionalidad en el uso de recursos públicos.

Al cierre de esta investigación, se prepara una solicitud formal de entrevista al encargado del Canal del Congreso para esclarecer el fundamento normativo de las decisiones adoptadas desde septiembre de 2024, el estatus de la Comisión Bicameral, el destino de la unidad móvil, las autorizaciones de contratación, el sustento editorial de los nuevos contenidos y la justificación de los cambios de imagen institucional. Cualquier respuesta será integrada íntegramente en una próxima entrega, en ejercicio del derecho de réplica.