El Senado de la República aprobó por unanimidad, con 94 votos a favor, el proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, para incorporar la obligación de brindar capacitación y sensibilización en el servicio público a fin de prevenir la violencia contra las mujeres.  
 
El dictamen que la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, instruyó turnar a la Cámara de Diputados, plantea adicionar una fracción XVII al artículo 38 de la legislación mencionada.
 
La senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, a nombre de la Comisión para la Igualdad de Género, explicó que el propósito es establecer la obligación de educar, sensibilizar y capacitar a las personas servidoras públicas de todos los niveles, en la identificación, prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas. 
 
Dijo que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres deberá incorporar acciones especificas de capacitación, que permitan a quienes integran el servicio público a reconocer e identificar las conductas de violencia con perspectiva de género.
 
Además, se establece que la formación deberá realizarse con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad, lo que permitirá que las acciones del Estado respondan de manera más adecuada a la diversidad que enfrentan las mujeres de nuestro país. 
 
A favor del dictamen, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera afirmó que la violencia laboral existe, está presente en los espacios de trabajo, incluidos los del servicio público, “se manifiesta en formas que se normalizan como descalificación, discriminación, abuso de poder y hostigamiento”.
 
Detrás de cada una de esas conductas, advirtió, hay una afectación real a la dignidad, a la integridad y al desarrollo profesional de miles de mujeres de nuestro país, señaló.
 
La legisladora mencionó que se incorpora la obligación concreta para que todas las personas servidoras públicas en todos los niveles del gobierno reciban formación, sensibilización y capacitación para identificar, prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.  
 
“Se trata de que el Estado no solo reaccione ante la violencia sino de que sea capaz de prevenirla desde su interior”, afirmó.