Ciudad de México
26/03/2026
El negocio que el alcalde Mauricio Tabe pretendía imponer en el Parque Lira fue frenado. No por voluntad propia, sino por la presión organizada de vecinas y vecinos de Miguel Hidalgo que no permitieron la privatización de un espacio público.
El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México ordenó la suspensión inmediata de las obras del espectáculo “Alicia en el País de las Maravillas”, evidenciando que el proyecto no cumplía con las condiciones legales necesarias. La resolución es clara: el parque no puede cerrarse, no puede cercarse y no puede convertirse en negocio privado.
Ante el fallo, la empresa comenzó a retirar sus instalaciones. Es decir, el montaje se cae porque nunca debió instalarse. No había permisos completos, no había autorizaciones ambientales ni aval patrimonial. Era, desde el inicio, un negocio disfrazado de evento cultural.
Este resultado no es casualidad. Es producto de semanas de denuncia, organización y resistencia vecinal. Fueron las y los habitantes de Miguel Hidalgo quienes documentaron el cierre del parque, la afectación ambiental y la invasión de un espacio que pertenece a todas y todos.
Las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México, Cecilia Vadillo y Víctor Hugo Romo, respaldaron esta lucha ciudadana y señalaron con claridad: se confirma lo que se denunció desde el inicio, Parque Lira no se privatiza.
La diputada Vadillo aseguró que cuando hay justicia por parte del Tribunal, los derechos de las y los vecinos prevalecen sobre intereses privados. Sentenció contra las intenciones del alcalde Mauricio Tabe para privatizar este espacio de la alcaldía Miguel Hidalgo: “no se te hizo el negocio”
“El alcalde quiso hacer negocio con lo público y hoy la realidad lo alcanzó”, sostuvo el diputado Romo, al tiempo que reiteró que no bajarán la guardia hasta lograr la reapertura total del parque.
El diputado Víctor Hugo Romo afirmó que se confirma lo denunciado desde el inicio: el Parque Lira no se privatiza. Señaló que el supuesto evento cultural era en realidad un negocio montado sobre un espacio público que pertenece a todas y todos.
Ambos legisladores destacaron la intervención de la PAOT y el INVEA, con la colocación de sellos de suspensión, evidenció la falta de permisos y autorizaciones. Lo anterior para recordar que la propia empresa reconoció que no podía continuar, lo que obliga al retiro del montaje.
Hoy hay un mensaje claro: cuando la ciudadanía se organiza, frena abusos. Y en Parque Lira, a Tabe no se le hizo el negocio.

