El gobierno federal mexicano ha decidido intensificar las medidas para contener el impacto en los precios del combustible. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este miércoles la ampliación del subsidio al diésel, con el objetivo de mantener su precio por debajo de los 30 pesos por litro y evitar afectaciones directas a transportistas, productores y consumidores finales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el incremento en los precios internacionales del petróleo está directamente relacionado con el conflicto bélico en Medio Oriente, en el que participan Estados Unidos e Israel en contra de Irán. Este escenario ha provocado que el precio del barril de crudo se eleve de manera significativa, pasando de aproximadamente 60 dólares a más de 100 dólares en un periodo relativamente corto.

“¿Qué hace el gobierno? Te bajo el impuesto para que puedas bajar el precio del combustible”, explicó Sheinbaum, al detallar la estrategia de su administración. Esta política fiscal, centrada en la reducción de cargas impositivas al combustible, busca amortiguar el impacto de los costos internacionales y trasladar ese beneficio directamente al consumidor.

La presidenta también subrayó que su gobierno mantiene mesas de diálogo permanentes con concesionarios de estaciones de servicio en todo el país. Estas negociaciones tienen como objetivo establecer acuerdos voluntarios que permitan fijar precios responsables, evitando incrementos desproporcionados que perjudiquen a la población.

“No puedes venderlo a 30, no puede ser, es injusto”, expresó Sheinbaum al referirse a algunos casos donde los precios del diésel han superado ese umbral. Según explicó, el modelo de acuerdos voluntarios ya ha mostrado resultados positivos en el caso de la gasolina magna, por lo que se busca replicar esta estrategia para el diésel.

Sin embargo, la mandataria dejó claro que, aunque el diálogo es la vía principal, el gobierno no descarta acciones más firmes contra quienes incurran en abusos. En este sentido, anunció la implementación de operativos de supervisión para detectar y sancionar prácticas indebidas en la venta de combustibles.

“Quien se pase de vivo, habrá operativos”, advirtió con firmeza, señalando que instituciones como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) jugarán un papel clave en la vigilancia del mercado. Esta dependencia será la encargada de verificar que los precios se mantengan dentro de los márgenes acordados y que no existan irregularidades en las estaciones de servicio.

Especialistas en energía consideran que esta medida es una respuesta necesaria ante un entorno internacional incierto, aunque advierten que su sostenibilidad dependerá de la duración del conflicto y de la capacidad fiscal del gobierno. El subsidio al diésel, si bien protege a los consumidores en el corto plazo, representa un costo significativo para las finanzas públicas.

Por otro lado, sectores como el transporte de carga y la industria agrícola han recibido con optimismo el anuncio, ya que el diésel es un insumo fundamental para sus operaciones. Un aumento descontrolado en su precio podría traducirse en una cadena de incrementos en bienes y servicios, afectando la inflación general del país.