La vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, lanzó una crítica directa contra la política fiscal del gobierno federal, al acusar a la Secretaría de Hacienda de “asfixiar” a organizaciones de la sociedad civil mediante la cancelación de su estatus como donatarias autorizadas.

El señalamiento de la legisladora se da en el contexto de las publicaciones difundidas por El Universal, donde se revela que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha revocado la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos a más de un centenar de organizaciones civiles, incluidas instituciones clave en análisis de políticas públicas, educación y transparencia.

De acuerdo con dichas publicaciones, la autoridad fiscal argumenta que las organizaciones afectadas “no reúnen los requisitos” establecidos en la ley para mantener su registro como donatarias, lo que implica que, de no regularizar su situación en un plazo determinado, incluso podrían verse obligadas a transferir su patrimonio a otras entidades autorizadas.

Frente a este escenario, Noemí Luna advirtió que la medida no es un simple ajuste técnico, sino un golpe directo a la operación de las organizaciones civiles que, históricamente, han funcionado como contrapeso del poder y apoyo a sectores vulnerables. La panista sostuvo que retirarles la posibilidad de recibir donativos deducibles equivale a limitar su financiamiento y, en consecuencia, su capacidad de acción en áreas clave para la sociedad.

La legisladora cuestionó que, mientras el gobierno federal sostiene que se trata de decisiones administrativas, en los hechos se está debilitando a instituciones que inciden en temas como combate a la corrupción, evaluación de políticas públicas y defensa de derechos, lo que —dijo— genera un impacto negativo en la vida democrática del país.

El caso ha generado polémica luego de que incluso desde el propio gobierno se ha insistido en que las cancelaciones responden a criterios técnicos del SAT y no a una decisión política, postura que ha sido reiterada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que estas determinaciones derivan de evaluaciones fiscales y no de una instrucción del Ejecutivo.

Sin embargo, la oposición ha endurecido su postura al considerar que la medida forma parte de una estrategia que limita el margen de acción de la sociedad civil organizada. En ese sentido, Noemí Luna acusó que el gobierno está cerrando espacios a voces críticas y debilitando estructuras independientes bajo el argumento de cumplimiento administrativo.

El endurecimiento de los requisitos fiscales y la cancelación de registros a donatarias se enmarca en un proceso de mayor control y fiscalización impulsado en los últimos años, lo que ha incrementado la carga regulatoria sobre las organizaciones civiles y generado incertidumbre sobre su viabilidad financiera.

La polémica continúa escalando en el ámbito político, donde el debate ya no sólo gira en torno a la legalidad de las medidas, sino al impacto que estas decisiones pueden tener en el equilibrio democrático y en la operación de organizaciones que atienden a millones de mexicanos.