El campo sinaloense y diversas regiones agrícolas del país atraviesan una de las crisis más severas de los últimos años, marcada por la falta de apoyos, el incumplimiento de compromisos gubernamentales y un entorno económico adverso que amenaza con llevar a la quiebra a miles de productores, advirtió la senadora Paloma Sánchez Ramos.
Desde el Senado de la República, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional alertó que la situación en Sinaloa es crítica, luego de que productores acumulan más de dos años sin recibir el pago de 750 pesos por tonelada comprometido dentro del programa de precios de garantía, recurso que, hasta ahora, no ha sido liquidado por el gobierno federal.
La senadora subrayó que este incumplimiento se agrava por el incremento sostenido en los costos de producción, mientras que los ingresos de los agricultores continúan a la baja, generando un escenario de alta incertidumbre económica para miles de familias que dependen del campo.
En este contexto, advirtió que el precio proyectado del maíz para la próxima cosecha se ubica en 4 mil 100 pesos por tonelada, cifra que resulta insuficiente frente a los costos reales del sector, ya que —precisó— los productores requieren al menos 6 mil pesos por tonelada para evitar pérdidas y garantizar la viabilidad de sus actividades.
La legisladora fue enfática al señalar que, de no atenderse esta problemática con medidas urgentes, más de 24 mil productores en Sinaloa podrían caer en la quiebra, lo que no solo afectaría la economía regional, sino que también pondría en riesgo la producción agrícola nacional.
Ante este panorama, productores sinaloenses y de distintas entidades del país han escalado sus acciones de protesta mediante un paro nacional que incluye la toma de casetas en diversas carreteras, con el objetivo de visibilizar su inconformidad y exigir respuestas concretas frente a lo que califican como abandono del agro mexicano.
Sánchez Ramos señaló que estas manifestaciones se desarrollan en medio de una postura gubernamental que, acusó, ha intentado deslegitimar las protestas. Como ejemplo, mencionó el posicionamiento emitido por la Secretaría de Gobernación, en el que se afirmó que “no existe razón para manifestarse”, lo que, dijo, refleja una falta de sensibilidad y de diálogo con el sector productivo.
Finalmente, la senadora advirtió que sin apoyos suficientes, precios justos y políticas públicas eficaces, el campo mexicano —particularmente el sinaloense— carece de condiciones para sostenerse, por lo que urgió al gobierno federal a atender de inmediato la crisis y cumplir con los compromisos adquiridos, antes de que el deterioro del sector sea irreversible.

