Con el objetivo de frenar prácticas que representan riesgos para la salud física y emocional de niñas, niños y adolescentes, la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México, presentó una iniciativa para sancionar las cirugías estéticas realizadas a menores de edad cuando no tengan justificación médica.

La propuesta plantea reformar el artículo 201 del Código Penal Federal para tipificar como corrupción de menores a quienes induzcan, promuevan, condicionen, obliguen o practiquen este tipo de intervenciones en personas menores de 18 años, siempre que no estén orientadas a preservar o restablecer la salud física o mental y carezcan de sustento clínico.

La legisladora explicó que la intención no es limitar procedimientos médicos reconstructivos o terapéuticos —como aquellos necesarios para atender malformaciones congénitas, lesiones o secuelas de enfermedades—, sino establecer límites claros frente a intervenciones estéticas innecesarias que pueden poner en riesgo el desarrollo integral de los menores.

Guerra Mena advirtió que diversos especialistas han alertado sobre los peligros adicionales que implican estas cirugías en adolescentes, debido a que su organismo aún se encuentra en proceso de desarrollo, tanto físico como psicológico. A ello se suman factores sociales que inciden en la toma de decisiones, como la presión por cumplir estándares de belleza, la búsqueda de aceptación y la construcción de la identidad personal.

En este sentido, subrayó que durante la adolescencia la percepción de la imagen corporal es especialmente vulnerable, lo que puede llevar a jóvenes a someterse a procedimientos estéticos sin dimensionar plenamente los riesgos ni las posibles consecuencias.

La senadora también recordó que el tema ha cobrado relevancia a nivel nacional tras casos que han evidenciado los vacíos legales existentes, como el fallecimiento de la joven Paloma Nicole Arellano, de 14 años, quien perdió la vida presuntamente por complicaciones derivadas de una cirugía estética en el estado de Durango.

Este caso, afirmó, puso en evidencia la falta de una regulación clara respecto a la edad mínima para la realización de este tipo de procedimientos en México, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y protección para este sector de la población.

Finalmente, Guerra Mena enfatizó que su iniciativa busca cerrar estos vacíos legales y garantizar que niñas, niños y adolescentes cuenten con un marco jurídico sólido que los proteja frente a prácticas médicas innecesarias que pueden implicar riesgos significativos para su salud y desarrollo, al tiempo que llamó a priorizar el interés superior de la niñez en la toma de decisiones médicas.