La expedición de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar permitirá fortalecer la capacidad del Estado mexicano para planear, conducir y ordenar la inversión pública y privada con un enfoque de desarrollo nacional, aseguró la senadora Liz Sánchez, al fijar posicionamiento a favor de la minuta en el Senado de la República.

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la legisladora por Puebla subrayó que el país enfrenta importantes rezagos en materia de infraestructura, por lo que resulta indispensable contar con un marco normativo que garantice que los proyectos estratégicos respondan a las necesidades del pueblo y no únicamente a criterios de rentabilidad económica.

En ese contexto, destacó que actualmente cerca de 27 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de infraestructura, mientras que la brecha en zonas marginadas asciende a 1.2 billones de pesos, lo que evidencia la urgencia de fortalecer la rectoría del Estado en la conducción de la inversión.

Sánchez explicó que la nueva legislación permitirá orientar recursos hacia sectores prioritarios como el agua, la energía, la conectividad, la infraestructura carretera, así como proyectos de desarrollo social y regional, bajo esquemas que combinen participación pública y privada, pero con reglas claras y supervisión estricta.

Detalló que los esquemas de participación mixta operarán dentro del sistema vigente de responsabilidad hacendaria, presupuesto y control financiero, lo que garantizará procesos transparentes de autorización, evaluación, seguimiento y fiscalización del uso de los recursos públicos.

Asimismo, enfatizó que el diseño de la ley se sustenta en evaluaciones técnicas previas, evitando decisiones discrecionales. Para ello, contempla análisis de rentabilidad, estudios de costo-beneficio, impacto en las finanzas públicas, identificación de riesgos fiscales, así como la consideración de obligaciones contingentes y compromisos plurianuales.

La propuesta también incluye la creación de una Base de Datos Nacional de Infraestructura Estratégica, así como mecanismos de transparencia y herramientas de seguimiento legislativo que permitirán dar puntual vigilancia al ejercicio del gasto público.

La senadora puntualizó que este conjunto de instrumentos permitirá que la inversión se desarrolle bajo criterios de orden, responsabilidad y apego al interés público, fortaleciendo la confianza en los proyectos estratégicos del país.

Finalmente, explicó que el artículo 35 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece una ruta específica para ciertos procedimientos, permitiendo su inicio de manera excepcional, pero condicionando su continuidad a las adecuaciones presupuestarias correspondientes antes de su adjudicación, lo que garantiza disciplina financiera y certidumbre jurídica.

Liz Sánchez concluyó que, desde la visión del Partido del Trabajo, la infraestructura debe entenderse no sólo como un factor de rentabilidad, sino como una herramienta para reducir desigualdades, cerrar brechas sociales y contribuir al desarrollo nacional con bienestar.