La madrugada de este martes, elementos de la Policía Estatal de Tlaxcala desalojaron con gas lacrimógeno a cerca de 300 campesinos y transportistas que mantenían bloqueo desde ayer por la mañana en el Arco Norte, a la altura de Sanctorum, lo que provocó también el cierre de la caseta de acceso a esa vía en San Martín Texmelucan. La Asociación Nacional de Transportistas (Antac) responsabilizó directamente al gobierno del estado por lo que calificó como un operativo violento contra una movilización que, sostuvo, se realizaba de forma pacífica en defensa de los derechos del gremio.

De acuerdo con los primeros reportes, el dispositivo de fuerza pública comenzó en las primeras horas del día sobre el kilómetro 194+800, donde desde la víspera campesinos y operadores habían instalado tractocamiones y maquinaria agrícola para impedir el paso en ambos sentidos.

En un pronunciamiento nacional, la Antac expresó “su más enérgico y categórico rechazo ante los hechos de represión violenta ocurridos en el estado de Tlaxcala en contra de nuestros compañeros transportistas, quienes se encontraban ejerciendo de manera legítima su derecho constitucional a la libre manifestación”.

La organización afirmó que sus agremiados fueron “agredidos con armas de fuego, golpeados brutalmente y, de manera aún más grave, se reporta la desaparición de varios de ellos”, lo que consideró una “violación flagrante a los derechos humanos y a las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución”.

La asociación sostuvo que los hechos “no pueden ser minimizados ni justificados bajo ninguna circunstancia” y acusó un “uso preocupante de la fuerza pública para silenciar la legítima protesta social”.

En su comunicado, advirtió que la criminalización de la lucha transportista y la violencia institucional contra sus integrantes son inaceptables en un estado que “se dice democrático”, por lo que llamó a frenar de inmediato cualquier acción de hostigamiento contra el movimiento.

Como parte de sus exigencias, la Antac demandó la presentación con vida de todos los compañeros reportados como desaparecidos, el cese de la represión y una investigación “exhaustiva, imparcial y transparente” que lleve a sancionar a los responsables materiales e intelectuales del operativo.

También pidió garantías efectivas para el ejercicio del derecho a la protesta y la manifestación, en un contexto nacional en el que el transporte de carga ha denunciado, desde hace meses, inseguridad en carreteras, extorsiones y altos costos de operación.

La protesta en el Arco Norte formó parte del paro nacional indefinido que la Antac anunció para el 6 de abril, la organización subrayó que la decisión de movilizarse en carreteras “no es improvisada”, sino resultado de “abandono, inseguridad y falta de condiciones dignas” que viven a diario quienes sostienen el movimiento de mercancías en el país, así como por los altos costos del diésel y la ausencia de protección a las familias de operadores víctimas de la violencia.

En su mensaje, la asociación reiteró que el movimiento es pacífico y en defensa del derecho a trabajar con dignidad. “No estamos en contra de la ciudadanía; luchamos por un sistema que garantice el abasto seguro para todos”, señaló, al tiempo que advirtió que la unidad del gremio “se mantendrá firme y en pie de lucha ante cualquier intento de intimidación o represión” y que no dará “ni un paso atrás en la defensa de nuestros derechos”.